Por Rubén Jiménez
CUETZALAN, (PUEBLA, MÉXICO). La comunidad de San Miguel de Tzinacaplan se encuentra en el municipio de Cuetzalan, en la zona de la sierra del Estado de Puebla, en México. Esta zona habitada por poblaciones nahuas se caracteriza por su clima cálido, de bosque semi-tropical, lo que conlleva una gran riqueza en recursos hídricos y biodiversidad. Por otra parte, esta zona se caracteriza por la producción de café, maíz –sobre todo para el autoconsumo- y artesanías. Además, a partir de que el Estado declarara a la población de Cuetzalan como “pueblo mágico”, la actividad turística ha recibido un fuerte impulso.
Sin embargo, la agricultura, la artesanía o el turismo, no son las únicas actividades que han despertado el interés de capitales en esa región, sino también la presencia de oro, y la posibilidad de combinar dicha actividad de explotación, con la instalación de plantas hidroeléctricas. En ese sentido, y como señalan los pobladores, hace 8 meses el gobierno municipal de Cuetzalan recibió un solicitud por parte del gobierno Federal para autorizar actividades mineras y de generación de energía hidroeléctrica en la región.
En ese marco, el Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC), que aglutina a las cooperativas campesinas y las comunidades de todo el municipio, en reunión con el gobierno municipal, solicitó la no-otorgación de permisos para esas actividades.
Sin embargo, el gobierno federal ya otorgó algunas concesiones mineras, que se supone no están en operación por las demandas que ello acarreó en su momento. Además, los pobladores ven con preocupación las estrategias de presión llevadas a cabo por las empresas, entre las que destacan la canadiense Goldcorp y Grupo México, como la firma de documentos tramposos para la expropiación de terrenos (compra-venta), amenazas, intimidación y descalificación, entre otras prácticas empresariales que ya son bastante conocidas, no sólo en México, sino en toda América Latina. Estrategias contradictorias y/o paradójicas, pues vienen acompañadas también de la propuesta de dadivas, como obras de infraestructura, entre otras cuestiones que caracterizan el discurso trillado del “desarrollo”.
Asambleas periódicas
Ante la preocupación de las poblaciones del municipio de Cuetzalan (nahua – macehual), el COTIC organiza reuniones periódicas para mantener informadas a todas las cooperativas y comunidades que lo conforman sobre el Estado de situación de las problemáticas señaladas.
De esta manera, el día 9 de agosto del presente año, se llevó a cabo la reunión en la comunidad de San Miguel de Tzinacaplan, donde asistieron todas las partes que conforman el COTIC. La reunión inició con una marcha hasta la fuente de agua de Tzinacaplan (por la cual se puso nombró a la comunidad), donde se llevó a cabo un ritual de acuerdo con las costumbres de la comunidad. Posteriormente tuvo lugar una gran asamblea, en que, entre otras cosas, se hizo un repaso de la problemática y de las acciones de resistencia que hasta ahora se han venido llevando a cabo.
La Asamblea terminó con la toma decisiones, tales como seguir firmes con la resistencia, tomar siempre todas las decisiones de manera colectiva, velar porque no se tomen decisiones a espaldas de las comunidades y rechazar, a más de los proyectos mineros y de infraestructura, el ingreso de otras iniciativas privadas, en el marco del modelo de economía neoliberal que lleva a cabo el gobierno mexicano.
Situación legal y litigio
Entre las acciones que lleva a cabo el COTIC, para contrarrestar la arremetida de transnacionales avaladas por el gobierno federal, se halla un juicio de amparo, iniciado en el Distrito Judicial de la Federación de Puebla, contra las concesiones que ya fueron otorgadas por el gobierno (Subsecretaría de Economía, con el aval de la presidencia de la república y el Congreso). Este juicio es llevado a cabo por el grupo Altepectajpianji, que reúne tanto a las comunidades y cooperativas del COTIC, como a profesionales (abogados, biólogos, ingenieros, antropólogos, entre otros) que brindan su apoyo a las comunidades.
La situación legal de las comunidades indígenas en México es de vulnerabilidad, pues ingresan en conflicto tanto la legislación municipal, como la estatal y la federal. En ese marco, el reconocimiento de derechos interculturales en el nivel municipal puede verse afectado por políticas llevadas a cabo por el nivel federal o estatal. Este es el caso en Cuetzalan, ya que si bien se reconoce la propiedad del suelo a las comunidades nahuas que habitan la zona, el aire y el subsuelo son propiedad de la nación, y son susceptibles de ser concesionadas por el Estado en el nivel federal.
En ese sentido, en la demanda antepuesta por las comunidades, las mismas invocan a una lectura integral de la legislación y de los derechos de los pueblos reconocidos. Ello implicaría comprender la vida (derecho humano fundamental) en un sentido integral, y no individual y fragmentario como sucede en el acervo jurídico occidental. “La vida empieza desde muy debajo de la tierra” es la lectura que las poblaciones nahuas hacen, con relación a la problemática.
La demanda de amparo consiste en dos argumentos base, que son los esgrimidos por el grupo grupo Altepectajpianji, por un lado, que la otorgación de las concesiones se hizo sin el consentimiento de las comunidades, violándose así los derechos colectivos de las mismas. Por otra parte, la demanda señala que se pone en riesgo el derecho humano fundamental al agua, al viabilizarse la privatización de la misma, a partir de la otorgación de concesiones. Esto último es bastante preocupante ya que supuestamente la privatización de agua servirá para la generación de energía hidroeléctrica. Sin embargo, esta energía tan sólo sería facilitada a las inversiones mineras que tendrían lugar paralelamente, lo cual conllevaría a una situación de doble –o triple- enajenación de recursos (hídricos y mineralógicos).
Aunque las poblaciones nahuas son optimistas con respecto al desarrollo del conflicto legal, la situación se hace dificultosa por otras problemáticas que las mismas señalan: por un lado, que el gobierno federal elaboró una ley minera neoliberal, que favorece ampliamente a la inversión privada y transnacional; por otra parte, que existe una ignorancia preocupante por parte de las autoridades estatales, en todos los niveles, sobre los derechos de los pueblos, reconocidos por la legislación interna, como por instrumentos internacionales; y, finalmente, porque las empresas extranjeras no tienen reparos en llevar a cabo acciones de presión violentas e ilegales (amenazas directas, intimidación, descalificación mediática, etc.).
Neoliberalismo a la mala
El panorama actual, en México, se muestra bastante desfavorable por las políticas abiertamente neoliberales del gobierno priista de Enrique Peña Nieto. Y, esto puede verse de manera clara en la cotidianidad mexicana, no sólo a partir del ingreso de capitales transnacionales a sectores como el petróleo, la minería o el agua, sino también en como el neoliberalismo afecta directamente a la población, a partir de la subsunción progresiva a hábitos de consumo entre otras cosas.
Sin embargo, tienen lugar resistencias de la población frente a esta realidad. En el municipio de Cuetzalan, por ejemplo, además de oponerse a la minería y las hidroeléctricas, se opusieron en su momento al ingreso de la cadena estadounidense WALMART a los municipios, aunque no pudieron evitar el ingreso de COPPEL. Los pobladores señalan que ambas cadenas de venta de artículos de consumo por vía del endeudamiento de los usuarios, matarían la economía solidaria local. Coppel, sin embargo, ya hizo entrega de tarjetas de compra de regalo en las comunidades, como forzando de manera encubierta el consumo en sus establecimientos.
Afortunadamente existe una determinación colectiva consensuada de frenar esta arremetida de compañías extranjeras en las comunidades. Entre las decisiones que se tomaron en la Asamblea del COTIC, se dispuso la quema de las tarjetas regaladas por COPPEL, y la vigilancia sobre el gobierno municipal para evitar que se otorguen permisos de ingreso, sin consultar con las comunidades.
Alternativa: economía solidaria
En las conclusiones de la Asamblea resaltó la defensa y apuntalamiento de la economía solidaria, por parte de los miembros del COTIC. Esta alternativa no tiene que ver con una propuesta externa, sino que corresponde a un planteamiento propio de las comunidades, a partir de su experiencia.
Por ejemplo, ante la propuesta de las empresas mineras de facilitar proyectos de infraestructura en las comunidades, San Miguel de Tzinacaplan destacó la reconstrucción y restauración autogestionada del palacio de gobierno de la comunidad, sin la necesidad de financiamientos externos y ni cooperación de privados, a través tan solo de la organización comunitaria. Esta, como otras experiencias es un referente de las comunidades y del COTIC para pensar su economía más allá de las inversiones extranjeras y del mercado.
En ese marco, la resistencia de las comunidades nahua no es una mera oposición, sino que viene acompañada de propuestas factibles y fácticas de prácticas económicas y productivas alternativas, en el marco de las costumbres de las comunidades. Esto es lo que las comunidades entienden como economía alternativa, y llevan a cabo de manera consciente, como un modelo funcional de resistencia.
