La polarización en la que nos encontramos inmersos impide ver las condiciones en que viven las zonas que están cerca del Botadero Municipal de K’ara K’ara. Los vecinos de estos lugares, viven no solo la falta de agua que llega solamente a través de cisternas, sino al lado de una bomba de tiempo. El 2016 hubo ya un incendio de llantas de una magnitud considerable dentro de K’ara K’ara, produciendo aún más contaminación en toda la ciudad y mostrando que la basura es un problema de todxs, ya sea por no practicar formas mínimas de reciclaje o, para muchxs, por tener de vecina a las toneladas de basura que llegan diariamente a la zona. En tiempos de pandemia, y con intereses político partidarios inmersos, hay problemas de fondo que no han tenido solución hasta ahora.
K’ara K’ara no siempre ha sido lo que es hoy. En la década de los 80, era una comunidad campesina con un gran bosque de eucaliptos. Allá por 1987 se decidió la instalación del botadero que recibe los desechos de la ciudad de Cochabamba, condenando así a toda la comunidad. Paulatinamente, desde entonces, las zonas se fueron urbanizando a través de “loteamientos” (que es muy común en Cochabamba), en un crecimiento acelerado donde las aprobaciones legales de planimetrías se realizaron recién a fines de 2019. Se esperaba que la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), propietaria de los terrenos, en negociaciones con lxs vecinxs, pudiesen llegar a acuerdos para establecer el derecho propietario de lxs asentadxs.
Los conflictos de los asentamientos de vecinxs con el botadero datan de hace por lo menos 21 años y, al no cumplir hasta ahora con la regulación para el tratamiento de basura, el botadero continúa afectando la calidad de vida de lxs habitantes de K’ara K’ara y de sus cercanías. Contamina el aire y el suelo y atrae a un sinfín de perros, ratas, moscas y mosquitos… animales todos transmisores de enfermedades. Lxs habitantes de esta zona, y otras aledañas, han intentado por años negociar con autoridades de diferentes partidos políticos. Realizaron movilizaciones para ejercer presión y ver atendidas sus demandas, y han sido reprimidos con violencia en numerosas ocasiones.
Sumemos el problema de la carencia de agua, a 20 años de la Guerra del Agua en Cochabamba, barrios de la Zona Sud siguen sin recibir agua de forma regular.
El botadero, y su mal manejo, son la causa de graves problemas sociales y de salud. La Empresa Municipal de Saneamiento Ambiental (EMSA) implementa programas de recojo y reciclado, pero que no se constituyen en medidas efectivas para solucionar la contaminación ocasionada por la basura. Las montañas de desechos son pues la otra cara de la moneda de un proceso de urbanización improvisado y acelerado, y de la alucinación capitalista que predica la posibilidad un consumo humano sin límites ni responsabilidad alguna.
Para muchxs habitantes de la ciudad que tienen servicio de recolección de basura, y no tienen que abrirse paso a diario en su propios desechos, el problema desaparece cuando pasa el camión recolector, de forma que pueden seguir siendo ciegxs a la degradación de la vida y la destrucción absoluta de los ecosistemas que ocurre en las áreas elegidas para este fin. Mientras que para lxs políticxs de todos los colores es una fuente de votos.
La lucha política en medio de la pandemia de COVID-19, donde la Zona Sud es inmediatamente asociada con el MAS, y donde están en pugna posturas rumbo al proceso electoral, no permite ver que hay desigualdades reales que no han sido resueltas desde hace más de 20 años respecto al problema de la basura y la dotación de agua.
La secuencia de los hechos de la última movilización de K’ara K’ara
1. La movilización de K’ara K’ara fue reprimida con gases lacrimógenos y con el uso de la fuerza por parte de policías y militares el mismo día que se instauró, el 11 de mayo. Pero la medida de presión persistió, y mientras la ciudad de Cochabamba se iba llenando de basura en medio de un escenario delicado de crisis sanitaria, diferentes autoridades nacionales y policiales criticaron, criminalizaron y desvirtuaron la movilización de las bases autoconvocadas de la Zona Sud. El día 15 de mayo, nuevamente con el uso de la fuerza, se detuvo a 11 personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Contra estas se iniciaría un proceso por atentado contra la salud pública, el cual podría acarrear una pena de hasta 10 años de cárcel.
2. El 19 de mayo, algunos medios de paga informaron que se había detenido a un “falso militar” que portaba municiones, armas caseras y elementos similares, supuestamente destinados a las personas movilizadas en K’ara K’ara. Los movilizados, siempre según la historia narrada por los medios, estarían orquestando un plan subversivo al interior de las protestas. Este plan consistiría en que, dicen, en caso de que el gobierno autorizase a las fuerzas policiales y militares a actuar, lxs bloqueadorxs se harían pasar por militares y dispararían contra sus compañerxs para causar un muerto entre sus filas y así ocasionar inestabilidad política y social.
Si suena familiar la historia es porque el gobierno transitorio ya usó esta estrategia durante la masacre de Senkata cuando, después de la autopsia a personas fallecidas, se supo que el calibre de los proyectiles usados fue de 9 y 22 mm, y aunque las autoridades insistieron en negar que ese fuera el calibre reglamentario de las Fuerzas Armadas, la legislación vigente en Bolivia respecto al “Control de armas de fuego, munición, explosivos y otros materiales relacionados” echa por tierra esa mentira.
El binarismo político clausura así la posibilidad de entrever lo que pasan las familias de los barrios, y retomar las luchas de fondo, sobre todo en cuarentena, y con casos de COVID-19 in crescendo.
3. El mismo 19 de mayo, la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) —tristemente famosa por sus posturas machistas y fascistas—, declaró a la prensa que “daban 24 horas a las bases autoconvocadas de la Zona Sud para suspender las medidas”, o caso contrario “escoltarían a los carros basureros para ingresar al botadero”.
Estas amenazas de la RJC reflejan no sólo la indiferencia de las autoridades, sino la actitud de una parte importante de la población citadina. No quieren pararse a mirar el contexto más amplio, ni la historia tras conflicto del vertedero de K’ara K’ara. La ciudad defiende por encima de todo su “derecho” a hacer inhabitable el territorio donde, les pese o no, habitan otras personas.
4. No terminaba el día cuando ocurrió un hecho trágico. Antonio, un joven de la zona, sufría un fuerte golpe en la cabeza al caer de su bicicleta, accidente que acabaría causando su muerte unas horas más tarde.
No tardaron en circular rumores en redes sociales, de los que se hicieron eco los medios de paga. Así, la prensa propagaba la idea de que “los bloqueadores de la Zona Sud no habrían prestado auxilio oportuno a Antonio”.
Sin embargo, según testigos presenciales, activistas y personas que se encontraban en el lugar de la movilización ayudaron a Antonio con todos los medios a su alcance, solicitando auxilio a una ambulancia y a hospitales cercanos hasta en 3 oportunidades, pero sus intentos fueron vanos y sus pedidos ignorados. “Antonio no murió por culpa de los bloqueadores, Antonio Ricaldez murió por que se ignoró 3 veces el pedido de auxilio, el murió por la injusticia social”, señalan quienes presenciaron este triste suceso.
5. Frente a este delicado contexto, el día 20 de mayo en horas de la noche, las bases autoconvocadas de la Zona Sud, junto a autoridades departamentales y organizaciones en defensa de derechos humanos, firmaron un acuerdo que comprende 16 puntos. De esta forma quedan suspendidos los bloqueos, aunque por ahora se mantiene el estado de emergencia.
Intolerancia en un contexto de pandemia
Inicialmente, una de las demandas de las protestas de la Zona Sud de Cochabamba era la suspensión de la cuarentena, punto que después de ser duramente criticado fue retirado de su agenda. Y no fue un paso en falso, ya que la vuelta a la actividad laboral necesita de compromiso y de planificación para reducir nuevos contagios. Para retomar la vida laboral es sumamente importante contar con una estrategia de cuidados, es decir, un plan de bioseguridad. No porque lo quieran imponer desde el gobierno, sino porque así cuidamos nuestra propia vida, al mismo tiempo que cuidamos la de a nuestras familias y organizaciones.
Pero ese no fue el único hecho criticable durante el conflicto del vertedero de K’ara K’ara. También salió a la luz la intolerancia de algunxs vecinxs quienes a la fuerza vistieron con una pollera a un dirigente del Distrito 9 de esta zona, quien se negaba a apoyar el bloqueo. Este hecho es profundamente condenable no solamente por la humillación y vulneración a los derechos humanos que implica, sino también por el notorio tono misógino.
Enterrar las injusticias sociales
En Bolivia, el cómo tratamos la basura es un buen símbolo de cómo enfrentamos nuestros problemas sociales. Vivimos gobernadxs por un sistema que no deja de producir injusticias y desigualdades sociales, del mismo modo que las ciudades no dejan de producir cantidades descomunales de basura día tras día.
Sin mirar que hay dentro de la basura, o planificar en conjunto cómo podríamos dejar de producirla en las cantidades que la producimos, preferimos nomás enterrarla en algún lugar. Como si lo que no queremos ver dejase de existir cuando dejamos de mirarlo.
Pero este tipo de decisiones terminan pasando factura: echar tierra sobre los problemas no es algo que se pueda continuar haciendo siempre sin terminar enfrentando las consecuencias. Si mañana cierran el vertedero de K’ara K’ara será otra zona la afectada con la instalación de un basurero y toneladas de basura. Las estrategias del miedo, aprovechamiento político y las amenazas de quienes hoy y ayer gobiernan y dirigen movilizaciones sociales, pasando por alto las necesidades reales de grupos desfavorecidos, no solucionan ni solucionaron nada. Hasta cuándo.
