Colectivos autónomos, activistas, ambientalistas y sociedad civil boliviana autoconvocada estuvo durante 10 meses (lapso de las 12 audiencias canceladas por el caso de tráfico de 180 colmillos de jaguar y otras partes) en constante movilización y recolección de más de 18.000 mil firmas en libros notariados para exigir que este juicio reciba la penalidad máxima y no quede en la impunidad.
Por lo mismo, se suma al Colegio de Biólogos de La Paz y sociedad civil boliviana remitiendo una carta urgente al Ministerio de Medio Ambiente y Agua para exigir la apelación al caso que vence este viernes 30 de noviembre, junto a 1.400 firmas digitales recolectadas en un día en apoyo a la misma causa.
¿Porqué es urgente proteger a los jaguares?
El Jaguar es el felino más grande de América, su presencia indica el estado de salud del ecosistema en que habita, ya que es un “regulador natural” y mantiene el equilibrio de poblaciones silvestres de las cuales se alimenta. También es considerada una “especie paraguas” porque al conservar a esta especie, se conservan muchas otras que cohabitan en el mismo territorio, debido a que necesita
“Cuando un gran depredador desaparece comienzan a suceder fenómenos en cadena que desestabilizan los ecosistemas llevándolos al deterioro: aumento de animales presa y posible extinción de otras especies” (Natural Zone).
Considerando que el jaguar está presente en 16 de las 22 Áreas Protegidas de Bolivia, al protegerlo estamos directamente protegiendo los ecosistemas en que habita, fuentes de agua y las Áreas Protegidas de nuestro país que se encuentran en constante asedio extractivista. El jaguar es pieza clave y transversal en evidenciar los crímenes a la Madre Tierra.
Debido a que los jaguares tienen una taza de reproducción lenta (tienen crías cada 2 a 3 años), matar jaguares implica una drástica reducción de sus poblaciones.
Según los últimos registros de tráfico de jaguares vivos, sus partes y /o productos, una fuerte amenaza recientemente creada por una demanda en el mercado negro nacional e internacional, sumada a otras amenazas como destrucción de su hábitat, disminución de sus presas, conflicto con ganaderos, los jaguares podrían encontrarse en peligro de extinción en pocos años.
CARTA ENVIADA:
De nuestra mayor consideración:
Como es de su conocimiento, en fecha 9 de noviembre el Juez Juan Coronado Camacho del Juzgado 9° de sentencia penal del distrito judicial de Santa Cruz, emitió la Sentencia en primera instancia del caso de tráfico de 185 colmillos de jaguar, 3 pieles de este felino, 2 cascabeles de serpiente, 1 chaleco de jaguar, 1 saco de leopardo africano, 11 estatuillas de marfil de ídolos chinos elaboradas con marfil de elefante africano, 3 cornamentas de ciervo del pantano y 1 garra de pejichi, perpetrado por Li Ming y Yin Lan de origen chino pero que cuentan con la nacionalidad boliviana. Quienes además fueron encontrados con una pistola calibre 22 cargada y una elevada suma de dinero en moneda nacional y extranjera, dictaminando 4 años para Li Ming y 3 años para Yin Lan.
Consideramos que la liviandad de la sentencia no condice con la gravedad del hecho, y ante tal circunstancia expresamos nuestro repudio a la misma. Asimismo consideramos que la caza y tráfico de fauna y flora silvestre en nuestro país se encuentra en un punto alarmante, por lo que exigimos que se tome con seriedad y a la altura profesional que merecen estos juicios.
En este contexto como sociedad civil, amparadas en los artículos 34 y 108 de la de la Constitución Política del Estado, expresamos los siguientes aspectos que esperamos sean atendidos por su autoridad:
– Para juicios de crimen ambiental que no prescriben es necesario elegir un equipo penal experto en la materia. Puesto que es inaceptable que este caso se haya prolongado y suspendido en 13 ocasiones sin ninguna investigación exhaustiva sobre posibles redes de tráfico.
– El mismo día de la sentencia el equipo demandante de abogados estaba en la obligación de reservar el derecho de apelación. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua a su vez tenía la obligación informar y difundir públicamente la sentencia escrita. Estamos a la espera de que este derecho al acceso de información como sociedad civil se ejecute.
– Se debe exigir la pena máxima por daño al Patrimonio Natural de Bolivia. Es indignante que estos ciudadanos chinos con nacionalidad y ciudadanía boliviana no sean juzgados como dictan las leyes del país. Nos sorprende que los acusados hayan recibido un aparente trato diferenciado.
– Exigimos que la justicia sea igual de rigurosa para todos los ciudadanos que se encuentran dentro del territorio boliviano.
Después de 10 meses de presión social, recolección de más de 18 mil firmas en libros que fueron entregados al equipo legal responsable para que las autoridades entiendan la magnitud del crimen y la relevancia de conservación de los jaguares, este movimiento ciudadano autoconvocado esperaba también se ahonden esfuerzos de investigación sobre las redes de tráfico silvestre en Bolivia. Por lo tanto señalamos lo siguiente:
Los años de pena dictados no son proporcionales a la cantidad de vidas silvestres asesinadas y traficadas, ni se acercan a una compensación económica o restauración ambiental que implica cazar, traficar y poner en peligro de extinción a los jaguares y otras especies claves para el equilibrio de los ecosistemas.
Este caso ha resultado ser emblemático a nivel nacional y la sentencia máxima serviría de ejemplo a los cazadores y traficantes que aún operan en libertad. Es decir, la sentencia debería ser ejemplificadora por la gravedad del hecho. 6 años mínimo de cárcel.
La máxima sentencia sentaría precedente legal para facilitar procesos judiciales en un futuro. Considerando que de 30 casos entre el 2014 y 2018 de caza y tráfico de jaguares y sus partes, apenas 4 llegaron a tener sentecia ejecutoriada.
Actualmente, la mayor parte de la biodiversidad en el mundo está en peligro o bajo asedio, por lo que es urgente aplicar las medidas legales más fuertes en contra de las personas que mercantilizan la vida de especies silvestres.
Estas prácticas de enriquecimiento ilícito en muchos casos se ha visto agravados por actividades de narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas. Aspectos que nos gustaría que su autoridad nos pueda informar si los Ministerios correspondientes lo están encarando de manera coordinada con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
El tráfico y caza de especies silvestres claves y vulnerables se ve agravado por actividades propias del extractivismo minero, petrolero y agroindustrial, que están avasallando el territorio propio de estas especies, afectando el equilibrio de los ecosistemas pero también de las comunidades que viven dentro de estos territorios, con actividades de alto impacto ambiental como ser la explosión de dinamita, exploración sísmica, deforestación para la frontera agrícola, ganadera, contaminación de ríos con tóxicos provenientes del agronegocio y la minera. Actividades que son prohibidas por nuestra Constitución, por lo tanto nos gustaría saber qué acciones toma su repartición en estos temas.
Por estos motivos, también exigimos:
Que el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, en coordinación con la Gobernación de Santa Cruz, impugnen la sentencia exigiendo la sentencia máxima para ambos.
Que una vez obtenida la sentencia firma y ejecutoriada, el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, realice las gestiones necesarias para que los ciudadanos condenados pierdan definitivamente la nacionalidad boliviana.
Que el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal investigue la red de tráfico de fauna silvestre y no querelle solamente contra los traficantes, porque es sabido que existen cazadores, acopiadores, traficantes y compradores que están implicados en este y en otros casos.
Que se designe presupuesto desde el Ministerio de Medio Ambiente y Agua para contratar abogados expertos en litigio penal para casos de tráfico de fauna.
Que el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas capacite a jueces y fiscales sobre legislación y procesos judiciales relacionados a fauna silvestre, además de su importancia ambiental y el valor intrínseco de su vida.
Original de la carta enviada a Ministro de Medio Ambiente y Agua
