Comunidades afectadas por la Hidroeléctrica Rositas, aglutinadas en el Comité de Defensa de Tierra y Territorio, denuncian que ayer jueves cuatro de enero, personeros de la empresa ENDE Guaracachi y extranjeros de la empresa china Asociación Accidental Rositas, (AAR), en dos vehículos, habrían ingresado sin permiso a la propiedad de las comunidades Moroco y Moroco Lajitas, en la provincia Cordillera.
Benigno Barrientos, Vicepresidente del Comité de Defensa, en entrevista, informó que la empresa AAR estaría haciendo un estudio complementario al que ya hizo con anterioridad la empresa española EPTISA, para confirmar los datos obtenidos por ésta última.
Aunque autoridades de ENDE afirman que solo ingresaron a caminos de uso público, los comunarios indican lo contrario. Al no explicárseles sobre los trabajos que en específico están realizando ENDE Guaracachi y la empresa AAR, las comunidades decidieron no permitir el ingreso de estas comisiones, así como exigen un informe detallado sobre el tipo de estudios que se realizan, la dimensión de las zonas a ser estudiadas, cuantas máquinas ingresarían al lugar, cosa que no existió hasta ahora.
Benigno Barrientos: Pero la mayor preocupación es que (ENDE y la AAR) al no poder dialogar, convencerle al propietario, están tomando la decisión de ingresar en vehículos particulares, en vehículos de ellos, de ENDE Guaracachi, recorriendo la zona y tomando datos con equipos, o sea están haciendo un estudio, como podríamos decir, de gabinete, no están haciendo un estudio serio bajándose al lugar, haciendo las calicatas que tienen que hacer, porque no tienen acceso, porque no pudieron a la gente convencernos.
No hay información completa a las comunidades afectadas
Estos trabajos en área que las empresas realizan, se dan aunque aún no ha concluido el proceso de la llamada “socialización” del proyecto, la cual se estaría efectuando sin información completa. En comunidades de Vallegrande, como Vado del Yeso o Lajas Toco, no se ha permitido que las comisiones encargadas de dicha “socialización” ingresen.
El gobierno sostiene que la socialización del proyecto hidroeléctrico se ha realizado en un 90% de comunidades, y que se habrían realizado 165 reuniones con éstas, pero Barrientos indica que en los últimos meses, dichas reuniones de socialización se realizaron con comunidades que no son las 14 directamente afectadas por el proyecto hidroeléctrico.
Las comisiones de socialización, son cuestionadas y rechazadas por las comunidades afectadas porque informan de manera amañada a la gente, únicamente detalles técnicos y los supuestos beneficios que traería la hidroeléctrica, pero no se explican los impactos sociales y económicos que conlleva la construcción de Rositas.
A esto se suma la falta de información y consenso para realizar los estudios, lo cual sucede no solo ahora con el caso de las empresas AAR y ENDE Guaracachi, sino ya pasó con la empresa española EPTISA que hizo sus trabajos desde 2015 en la zona, con avionetas sin respetar las decisiones de la gente afectada, la cual se había negado a que ingresen a sus propiedades sin su consentimiento.
Benigno Barrientos: Nuestra mayor preocupación de nosotros como propietarios privados es que este proyecto está avanzando de manera gigantesca en sus estudios, sin consenso de los propietarios ingresando a hacer trabajos de escondidas sin tener la capacidad de dialogar con el propietario, de decirle: señor este proyecto va así y aquí está el beneficio. La mayor preocupación de nosotros como afectados es que no nos muestra una realidad de qué va a pasar con el afectado. Si hubiera la buena intención, nosotros siempre hemos abierto la puerta al diálogo, personalmente mi persona, estamos dispuestos a debatir y contribuir al desarrollo del país, pero lo que nos preocupa es que no hay ninguna alternativa para los afectados. En ningún momento se han manifestado ninguno de los equipos sociales que han pasado por la zona, y han pasado tres o cuatro equipos sociales, y nadie ha dicho estas son las alternativas, no han tenido esa capacidad de mostrarnos el anteproyecto para los afectados.
Como ya es característico de este tipo de proyectos estos últimos años en Bolivia, los trabajos de estudio iniciales de Rositas, se realizaron sobre la base de ofrecer a cambio de dejar ingresar a las comisiones de estudio, pequeños proyectos de desarrollo, (centros de salud, inodoros, antenas de telefonía, etc.) De hecho, testimonia Barrientos, ENDE Corani y EPTISAS hicieron este tipo de convenios de obras que no se cumplieron. De otro lado, como evidencian ambientalistas de Santa Cruz, el proyecto se impone con el divisionismo impulsado por el estado, de comunidades y organizaciones indígenas y campesinas. Es así que gente de lugar que no cuenta con el reconocimiento y el aval de las comunidades, es la que está acompañando y abriendo espacios para que ingresen ENDE y la AAR.
Bajo agua: territorios ancestrales, tierras productivas, zonas históricas y biodiversidad de la zona
Don Benigno nos explica que son 45 mil hectáreas afectadas de manera directa y 60 mil de forma indirecta, por el proyecto hidroeléctrico. Se inundarán escuelas, infraestructura de las comunidades e incluso también un puente que integra a Vallegrande.
Benigno Barrientos: Es una zona productiva, es una zona núcleo donde aún se preserva la naturaleza, el bosque, los animales salvajes, nosotros compartimos con los animales (…) la verdadera decisión que los afectados hemos tomado es que nos entierre bajo el agua pues, porque no sabemos a dónde ir…
El Área Natural de Manejo Integrado, (ANMI), Río Grande Valles Cruceños, las zonas ganaderas y productoras, territorios indígenas ancestrales, parte de la conocida histórica “Ruta del Che”, quedarán bajo agua a título de “desarrollo” y “progreso”. Las comunidades afectadas no se cierran a un diálogo con el estado, pero nos recuerdan que son ellas las que viven por centenas de años allí, y advierten que poner en peligro el ANMI es poner en riesgo al pulmón más grande y próximo que tiene la ciudad de Santa Cruz. Más allá, el proyecto Rositas expone a un grave daño a la biodiversidad y ecosistemas de cuyo bienestar dependemos todos.
Las comunidades indígenas, campesinas y de productores agrupadas en el Comité, están en lucha. Exigen ser informadas con veracidad sobre las afectaciones del proyecto: “hablen con las comunidades que realmente son afectadas” concluye Benigno Barrientos.
