A inicios de septiembre de 2020, el Ministerio de Minería y metalurgia de Bolivia, presentó un plan que incluye cuatro proyectos mineros, dos de los cuales están en el oriente del país: uno en Guarayos (Santa Cruz), y el segundo en Madre de Dios (Pando). Ambos destinados a la explotación de oro, metal buscado de manera febril en toda la amazonía; búsqueda que se ha convertido en una verdadera amenaza para toda esta región desde hace varios años, y, en especial, en esta época de pandemia . El actual régimen, ante las crisis sanitaria, económica y social, fortalece mediante políticas de impulso a actividades mineras, la ocupación capitalista violenta de toda la amazonía y bosques, ya se había perfilado de manera implacable durante el anterior gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Del oro y otras maldiciones
El avance extractivista de la minería del oro es uno de los factores que ha significado el arrasamiento de la pan-amazonía: la selva en Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y también Bolivia es cada día contaminada y destruida por enormes dragas y la actividad legal o ilegal aurífera. Contrariamente a lo que podría pensarse, esta destrucción se ha incrementado con la pandemia de COVID-19. La actual falta de empleo y el alto precio de la onza de oro, (de 1,800 a 2,000 dólares), han producido un remozado avance hacia la Amazonía, sin que existan políticas estatales y acciones capaces de proteger y hacer cumplir los mecanismos de defensa de áreas protegidas y territorios indígenas.
Las investigaciones periodísticas, han evidenciado que en 2019, en toda la Panamazonía, existían por lo menos 2 mil puntos de explotación de minería ilegal, los casos de Brasil, Venezuela y Perú son trágicamente paradigmáticos al momento de analizar lo que está causando la actividad aurífera en la amazonía, creando toda una maraña de intereses a partir de la expoliación aurífera.
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En Bolivia, de acuerdo a los datos de las mismas cooperativas mineras, el 98% de la producción aurífera proviene de éstas, concentrada en un 70%, hasta 2018, en el departamento de La Paz. La exportación de oro en el país tuvo un salto abrupto de 2011 a 2012, donde se pasó de una exportación de 6,500 TM a 27, 000 TM siguiendo un ritmo acelerado de crecimiento desde entonces. En el periodo 2017 y 2018, cuando el precio de la onza troy de oro rondaba los 1, 300 dólares, la exportación se incrementó en 9,5%, pasando de 37.162 kilos brutos en 2017 (35,9 TM), a 40.690 kilos brutos en 2018, siendo su destino principal la India. De estos más de 40 mil kilos, 10 mil kilos podrían proceder, de acuerdo al IBCE, de la minería ilegal y contrabando en la frontera con el Perú.
Para investigadores del CEDIB, el incremento muy notorio del contrabando de oro que se producía disfrazado como “desperdicios industriales”, data por lo menos desde 2010 y 2011, sobre todo en la frontera Bolivia-Perú, lo que lleva a pensar en la existencia de mafias ilegales y “lavado de dinero”. Por su parte, ya el 2018 la misma organización de cooperativas auríferas, la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (FECOMAN), anunció que el 60% de la producción de oro estaba siendo comprada por al menos 32 comercializadores ilegales, sin que existiese control por parte del SENARECOM, que es la instancia que debería realizar el control de la comercialización de minerales.
Pueblos indígenas en auto aislamiento de Brasil, han visto amenazada su existencia por el avance de los gambusinos, buscadores de oro, y el peligro de enfermedades traídas por éstos y los ríos envenenados por mercurio, uno de los diez metales más tóxicos del mundo. En Perú, los daños provocados por el uso de mercurio han generado un problema de salud pública, la Cuenca del Madre de Dios del lado peruano agoniza por la contaminación provocada también por la remoción de miles de toneladas de tierra; mientras en la zona se han registrado varios asesinatos de luchadorxs ambientalistas por parte de mineros y taladores ilegales, así como un creciente tráfico y trata de personas para explotación laboral o sexual, actividades que hallan en Madre de Dios uno de sus espacios fundamentales.
Bolivia, por su parte, como ya se ha demostrado en diversos estudios y reportajes, (investigaciones impulsadas incluso por el mismo Estado), tiene uno de los niveles más altos de uso de mercurio, que correspondían al 7% del promedio mundial de emisiones para el año 2005, y donde el sector minero producía el 70% de la contaminación, la cual es crítica en zonas de la planicie amazónica y El Pantanal, precisamente en lugares donde pueblos indígenas dependen para su subsistencia, de las especies de peces que viven en los ríos amazónicos. En 2016 Bolivia era el segundo país emisor de mercurio en Latinoamérica producto de la explotación aurífera.
Sin embargo, a pesar de todas las evidencias, los estados no asumen acciones efectivas que detengan la muerte lenta y dolorosa de la amazonía, por el contrario, han dado vía libre a proyectos que implican enormes avances contra la misma. El régimen de Nicolás Maduro, por ejemplo, a través del proyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO), abrió las puertas en 2016, a por lo menos 150 empresas, para la explotación de oro y otros minerales en un sector de la Amazonía venezolana que es más grande que países como Bélgica o Panamá, y que representa el 12% de la superficie total de ese país.
De la sartén al fuego: las medidas pro-extractivistas para “enfrentar” la crisis
Para el estado boliviano el impulso a la explotación aurífera, así como a la minería chica, constituye una salida a la crisis provocada por la pandemia, una forma de promover la generación de empleo. En realidad representa la continuidad de la relación favorecedora que han obtenido las cooperativas mineras en general, con sus contradicciones, a partir de su relación con el Movimiento Al Socialismo, aún con las rupturas momentáneas de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN) y el MAS. Es así que en negociaciones con el MAS las cooperativas obtuvieron durante el primer gobierno de este partido, el cargo de Ministro de Mineria, para el cual designaron a Walter Villarroel, destituido ese mismo octubre de 2006 por el grave enfrentamiento entre mineros cooperativistas y estatales en Huanuni. Por su parte las cooperativas, pese a rupturas con el estado acaecidas años después, fueron un importante apoyo movilizado y electoral para el gobierno del MAS. Estas negociaciones con el poder estatal por parte del sector cooperativizado también se ha reproducido en el régimen de Añez, a decir de la periodista e investigadora Jimena Mercado[
La Ley Minera 535 de 2014, sentó las bases legales para el favorecimiento a sectores privados, entre ellos, la auto-denominada minería cooperativizada y la minería chica. El sector cooperativista obtuvo pues el reconocimiento de por lo menos 12 puntos entre los cuales destacan la posibilidad de extender sus actividades en la geografía del país, incluyendo áreas protegidas, territorios indígenas, así como sobre cuerpos de agua, es decir recursos hídricos que son de comunidades y la población; ventajas en términos de no estar bajo un régimen de igualdad impositiva; también se establece mediante dicha ley, que estos sectores privados puedan recibir fomentos directos del Estado, plasmados en dos Entidades de Fomento que son parte de la estructura institucional y empresarial del sector Minero Estatal: el Fondo de Apoyo a la Reactivación de la Minería Chica (FAREMIN), y el Fondo de Financiamiento para la Minería Cooperativa (FOFIM),en el cual participan como directores, dos representantes de las cooperativas mineras.
Mientras se generaban enfrentamientos armados entre cooperativas, por áreas de trabajo, como en Arcopongo (La Paz), precisamente para la explotación de oro, en medio de una complicada trama política, las representaciones máximas de las cooperativas mineras no siempre estuvieron unidas. Aunque la FENCOMIN es una representación nacional, las cooperativas auríferas y otras, representadas en FECOMAN y FERRECO del norte paceño, tuvieron diferencias con la Federación Nacional en varios momentos.
La ley 845 de octubre de 2016, que modificaba la Ley Minera, fue un duro revés para las cooperativas que esperaban obtener la posibilidad de firmar directamente acuerdos con empresas privadas, lo cual fue impedido por la ley 845. Sin embargo, luego de negociaciones con el gobierno, se estableció una nueva modificación a la leyes 535 y 845, las cual fue plasmada en la Ley 1146 del 26 de diciembre de 2018. Esta última modificación estableció otros beneficios para las cooperativas, posibilitando a éstas participar de toda la cadena productiva en áreas fiscales que pertenecen a COMIBOL, hecho que fue considerado una nueva avanzada de sectores privados en áreas fiscales.
En junio de ese 2018, la periodista Jimena Mercado, evidenciaba a partir de un reportaje, la existencia de explotación aurífera y destrucción de cuencas en los ríos Beni y Kaka en el norte paceño, realizadas por empresas chinas y colombianas, que habían ingresado al país y efectuado sus operaciones gracias a los acuerdos hechos directamente con las cooperativas auríferas, situación que se reproducía en otras regiones como Apolobamba. Inmensas dragas que cuestan ente medio y un millón de dólares, anota Mercado, llevaban trabajando el 2018, con personal en su mayoría chino, mediante permisos otorgados a las cooperativas por parte de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Para autoridades locales de los municipios afectados, existía complicidad de altos niveles de estado y sus autoridades con las cooperativas, para permitir el ingreso de la descomunal maquinaria, lo cual autorizaba el saqueo del oro y una acelerada degradación ambiental.
Varias comunidades y organizaciones reclamaron en 2014 por lo que estaba permitiendo la Ley Minera, así como luego varias organizaciones e individualidades denunciaron lo que sucedía en el caso de la explotación aurífera en 2018, mostrando las prerrogativas que habían obtenido los actores privados de la minería. El mismo ministro de minería ese 2018, César Navarro, reconoció lo develado por Mercado, que existía relación entre actores mineros cooperativistas y empresas ilegales, sin embargo, y a pesar que luego el gobierno hizo operativos a mediados y en septiembre de 2019, -el primero de los cuales terminó con la confiscación de dos dragas en Cachuela Esperanza (Beni), y el segundo con un enfrentamiento con comunarios y mineros cooperativistas, no paró la “fiebre del oro” y la actuación de las dragas. Paradójicamente, la crisis provocada por la pandemia ha agudizado la explotación aurífera.
En junio de 2020, el régimen a la cabeza de Jeanine Añez, dispuso a través del Decreto Supremo 4272, el Plan de Reactivación del Empleo, para enfrentar la crisis producida por la pandemia de COVID-19. Este Plan dispone que se emitan cien millones de bolivianos destinados al Programa Intensivo de Empleo, del Tesoro General de la Nación (TGN), al Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), y que serían distribuidos para impulsar los sectores agropecuario, de vivienda y construcción, sector turismo, sector transporte aéreo, sector comunicaciones y cooperativas mineras y minería chica. La inyección de recursos, se hacen a través del FOFIM y FAREMIN, es decir sobre la base de la Ley Minera.
Relacionado a esto, la reactivación minera implica la presentación de cuatro proyectos: proyecto minero Madre de Dios (Pando), proyecto minero Guarayos, (Santa Cruz); los proyectos Mallku Qhuta y Amayapampa, (ambos en Potosí), destinados a la explotación aurífera y de indio (en el caso de Mallku Qhuta), dada la alta cotización internacional del metal precioso.
Por su parte, y con la pugna político-partidaria-electoral de fondo, la presidenta del Senado, Eva Copa, que representa a una Asamblea Legislativa Plurinacional con una mayoría del Movimiento Al Socialismo, promulgó este 2 de septiembre 176 contratos administrativos mineros que ya habían sido presentados en enero, beneficiando sobre todo a cooperativas mineras y empresas unipersonales, entre los cuales se distinguen 5 contratos en Santa Cruz, para la generación de empleos y reactivación de la economía del país, aseveró Copa. Todo esto va sumando factores agresivos contra ecosistemas en tierras bajas, cuando, según una investigación del CEDIB, la explotación minera que ya existe en la Chiquitanía boliviana, de 2000 al 2019 ha producido 25,9 TM de oro por un valor de 746,4 millones de dólares.
Así se profundiza el extractivismo minero.
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La cuenca del Madre de Dios y Guarayos: dos proyectos que atentan contra el corazón de la amazonia, ecosistemas y pueblos indígenas
Aunque habían estudios desde los años 80, el Proyecto Minero Madre de Dios, resurgió desde abril de 2018, cuando el entonces gobierno de Evo Morales, declaró como Reserva Fiscal Minera al río Madre de Dios, para “la realización de actividades de prospección y exploración minera con la finalidad de determinar su potencial mineralógico”, las zonas comprendían a los cursos del río en los municipios de San Lorenzo, El Sena, Puerto Gonzalo Moreno, Puerto Rico, San Pedro, Filadelfia (Pando), así como Ixiamas (La Paz), y Riberalta (Beni).
En junio de ese mismo año, el Viceministro de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, Víctor Flores, aseguró que la COMIBOL estaría a cargo del proyecto minero en Madre de Dios, negando que haya invitado con exclusividad a las cooperativas mineras auríferas, asegurando además que no existiría el peligro de contaminación por las actividades que estaba anunciando. Sin embargo, los investigadores Jorge Campanini y Héctor Córdova, señalaron aquella ocasión, que en esta región que es altamente frágil en términos de su ecosistema, una actividad de este tipo generaría efectos totalmente adversos, no solo porque la zona recibe ya toda la contaminación que se genera por los mismos motivos en Perú, sino porque ninguna actividad minera, por más que utilice tecnología de punta, podría evitar la generación de contaminantes.
Dos años después de la declaración de Madre de Dios como Reserva Fiscal, el régimen de Añez, como ha hecho ya con otros proyectos extractivistas iniciados por el MAS, ha retomado este proyecto minero en la amazonía, y promovido el proyecto minero Guarayos, en Santa Cruz, donde existen otros ecosistemas.
Un estudio conjunto de SERGEOMIN, el Ministerio de Minería, el Comando de la Fuerza Naval y otros, mencionado por una nota de la página de la COMIBOL en fechas recientes, estableció que “el área de interés se encuentra a lo largo y ancho del curso del río Madre de Dios”, que implica a los departamentos del La Paz, Pando y Beni. Establece de la misma forma que la producción del total de balsas y dragas que existen en la cuenca de Madre de Dios, genera actualmente 32 millones de dólares al año. Se estima que de explotarse los recursos calculados como reservas existentes, se obtendrían 135 mil onzas troy al año, de acuerdo también a la recuperación en una Planta de Procesamiento. De acuerdo a estos cálculos se necesita una inversión de 500 millones de dólares, mientras que las regalías serían de 22 millones de dólares por año:
En las consideraciones técnicas de la Reserva Probable, se estima la existencia de 480 millones de toneladas en una carga de 240 millones de metros cúbicos, por lo que con una ley promedio de 0,50 gramos por tonelada y una recuperación en Planta de Procesamiento del 70 %; se obtendrían 135 mil onzas troy de oro al año.
La nota de prensa de la COMIBOL de 2020, señala además que el proyecto Madre de Dios tiene el fin de “sentar soberanía en la Amazonía y generar un polo de desarrollo en la región”. El Ministro Oropeza, afirma que, luego del reinicio de actividades mineras suspendidas temporalmente por la pandemia, el gobierno ha presentado proyectos que intenten romper “la estigmatización de que solo el occidente es minero y no así el oriente boliviano”. En entrevistas en prensa escrita y en el programa Asuntos Centrales, Oropeza señala que si bien el proyecto Madre de Dios fue elaborado por la COMIBOL, se ofrecerá el mismo a inversionistas, así como a otras empresas; y para otros proyectos más, anuncia que se hará una convocatoria a dichos inversores en los primeros días de octubre de 2020.
El Proyecto Madre de Dios es un proyecto trabajado a diseño final, en este momento somos capaces de proponerle a cualquier inversionista en minería para que invierta en ese proyecto, porque lo tenemos trabajado a diseño final y es un trabajo elaborado por la Corporación Minera de Bolivia.
Sobre el proyecto minero Guarayos en Santa Cruz, ya en octubre de 2014, el entonces presidente Evo Morales había anunciado proyectos de exploración en Guarayos-Porvenir y Rincón del Tigre en Santa Cruz. Según otra nota de prensa de COMIBOL de inicios de septiembre, se habría presentado ya en agosto de 2020, el proyecto de explotación minera en Río Blanco, ubicado en la Provincia Guarayos, en los municipios de Ascensión de Guarayos y Urubichá, que son parte y que estaría en etapa de exploración. Con reservas de oro, niobio y tantalio, cuya forma de explotación será a tajo abierto, que requiere el movimiento de enormes cantidades de tierra, y que ha sido denunciada en otras regiones por el daño ambiental que provoca. Señala la nota:
La socialización del Proyecto entre los pobladores de la región, al principio fue de carácter problemático, pero en la actualidad la empresa estatal cuenta con el respaldo de las instituciones del lugar, por visitas y explicaciones efectuadas en el lugar.
No se informa si se realizó algún tipo información y consulta previa a las autoridades y comunidades del pueblo indigena guarayo.
Este septiembre de 2020 se consolida la “Unidad Productiva Minera Guarayos”, y si bien el ministro Oropeza afirma que el proyecto de explotación minera Guarayos, está siendo trabajado recién desde junio de 2020, y que por tanto aún no tiene una elaboración a diseño final, se conoció que por otro lado que se inaugurará dicha Unidad el 24 de septiembre 2020, aniversario del departamento de Santa Cruz.
Los proyectos Guarayos y Madre de Dios, están destinados a la explotación aurífera:
Ministro Oropeza. Precisamente con el objetivo de enamorar al inversión nacional, y por qué no, internacional. Estos dos proyectos en el oriente boliviano tienen que ver justamente con el oro, ¿por qué con el oro? Viene el tercer componente, Porque en este momento el oro tiene una cotización internacional de 2 mil dólares, que genera un doble efecto, este doble efecto es que ha robustecido, ha fortalecido las garantías en oro que tiene el Banco Nacional de Bolivia. Por lo tanto, nuestra economía se siente muy cómoda, pues el gobierno ha garantizado la emisión de los bonos familia y universal, que hemos recibido en plena pandemia. De manera que, esto sí nos ayuda y robustece nuestra economía y nuestras reservas de oro del Banco Central, ese es un primer efecto.
Oropeza, no menciona de manera específica, como tampoco se hizo con el gobierno del MAS, si es que son las cooperativas mineras las que tienen la probabilidad más grande de hacerse cargo de la explotación aurífera en la región, pero el Ministro sí hizo alusión en su entrevista, a los mineros chicos y a la minería cooperativizada, siendo la última, como hemos visto, el principal sector que explota el oro amazónico en el país. La política minera del régimen de Añez, en ese sentido, al otorgar 40 millones de bolivianos a las cooperativas mineras a través del FOFIM, y 35 millones de bolivianos a la minería chica, a través del FAREMIN, expande y profundiza las formas de ocupación de la Amazonía, en una producción y mercados dominados por actores privados y su tecnología, en gran número empresas ilegales de extracción y comercialización del oro, tomando además en cuenta que las leyes minero metalúrgicas de estos últimos seis años, establecen regalías mineras mínimas para el sector cooperativista.
Ministro Oropeza: El segundo efecto, es que la actividad minera con referencia al oro está logrando interesantes comportamientos, no solo en mineros chicos sino también en la minería cooperativizada, al extremo de que ya en el decreto 4272, que es uno de los decretos donde están las diferentes propuestas con referencia a la reactivación económica del país. Nosotros ya tomamos en cuenta algo, la inyección en el FOFIM de 25 millones de bolivianos para la actividad cooperativizada minera. Pero además tomamos en cuenta ya en esa oportunidad para inyectar recursos a través del FAREMIM que es otro fondo, que estaba ya en la Ley Minera pero nadie la tocó, y estamos en la disposición de inyectar recursos a la minería chica, y en la minería chica no siempre tienes que ser cooperativista para tener fondos sino también un minero chico, y esto nos va a permitir inyectar recursos a la explotación minera, y no solamente con referencia al oro, puede ser a toda la minería tradicional como también a los auríferos, porque hoy día estamos viendo que sí es posible inyectar recursos, porque el oro tiene una muy buena cotización, es expectable y porque además nos interesa precisamente reactivar este componente de la minería.
El destino de la Amazonía
En el marco de una geopolítica del saqueo, los proyectos que de manera ininterrumpida favorecen la explotación de las cuencas de los ríos de la Amazonía, implican no solo que el mercurio venenoso corra por las venas del amazonas, sino que se afecte directamente a la capacidad que ha tenido todo este gran ecosistema, de regenerarse. Dicha explotación y desastre son tributarios de la grave crisis climática y del colapso ecológico mundial que atravesamos.
Bolivia, a través de nuevos proyectos mineros en Madre de Dios y en Guarayos, va en el mismo rumbo del ya recorrido por la amazonía peruana, poniendo en peligro el corazón de la misma, donde existen territorios indígenas, como el Takana o el Esse Ejja, ya afectados de manera grave por la contaminación por mercurio, así como por la contaminación producida por las actividades hidrocarburíferas que implementó el gobierno del MAS. Además son zonas donde se ha reportado la existencia de pueblos indígenas no contactados. A esto se suma la destrucción de paisajes y la muerte los tesoros vivos que esconde la selva.
Las venas de la amazonía no solo están abiertas a plan de dragas mineras y cargas de explosivos usados en la exploración hidrocarburífera, sino que llevan un veneno letal que emponzoña a todxs lxs seres vivxs que habitan en sus aguas y/o dependen de ellas. Y, en este mismo sentido, la estabilidad climática y la producción de aire limpio que se genera en la amazonía, por las cuales respiramos y sobrevivimos todxs, muestra cómo estamos relacionadxs al destino de toda esta pan-región, un destino ahora marcado por las catástrofes.
(Foto de Portada: Dragas mineras en el norte paceño, Miguel Roca)
