El 20 de agosto de 2020, el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN), en la lectura de la sentencia por el caso: Chiquitanía y Amazonía contra el Estado Plurinacional de Bolivia, determinó que los incendios del pasado año fueron un “ecocidio provocado por la política de Estado y el agronegocio”, más adelante sugiere que el paquete de normas, leyes y decretos que dieron paso a los incendios en Bolivia sean abrogados con el fin de que estos hechos no se repitan.
La segunda mitad de 2019, los ojos del mundo miraron con indignación los graves incendios que se produjeron en el bosque Chiquitano, Amazonía y el Pantanal. En Bolivia se habían realizado manifestaciones de todo tipo: desde colectivos ecologistas, pueblos indígenas y hasta políticos con vinculación al agronegocio, salieron a las calles para exigir al gobierno del expresidente Evo Morales la derogación del “paquete incendiario”.
“La devastación de la Chiquitanía en el ocaso de Evo Morales”, era el título de un artículo que escribí el año pasado y que no se pudo publicar. Ahí tejía ideas en torno a la tragedia que los incendios implicaban para la Chiquitanía, Amazonía y pueblos indígenas que viven en esos territorios. Exploraba también como este hecho había influido directamente en el proceso de derrocamiento del gobierno de Morales. Un mes antes de que esto sucediera, nos embarcamos en un viaje desconocido a la Chiquitanía, ese bosque inmenso y hermoso que había estado ardiendo por tres meses.
La Chiquitanía, una región endémica ubicada entre el Gran Chaco y la Amazonía, fue la más afectada. Esta zona se quemó durante aproximadamente noventa días sin que el gobierno de Morales pudiese controlar el fuego.
Llegamos a San José de Chiquitos, precisamente cuando una movilización indígena se acercaba a esa comunidad. Una larga columna de personas, al son de música autóctona, se aproximaba y llevaba un cartel que decía: “X marcha indígena en defensa del bosque Chiquitano”. Esa movilización recorrió caminando más de 300 kilómetros desde San Ignacio de Velasco hasta la ciudad de Santa Cruz, exigiendo al entonces gobierno del MAS, la declaratoria de desastre ambiental y la abrogación de leyes que permitieron las quemas y los nuevos asentamientos en su territorio, clamor que no fue atendido por las autoridades de estado.
Doña Jeaneth Ardaya, indígena Chiquitana, venía caminando con su hija de 4 años cargada en brazos desde la comunidad Mercedes Soliz, cerca de la frontera con Brasil. Ella nos dice que viene marchando porque su comunidad es una de las más afectadas por los incendios, que llevan luchando contra el fuego más de un mes y que el 98 % de la reserva Marfil había sido arrasada por los incendios.
Más adelante apunta que el fuego vino por dos frentes: uno por el lado brasilero y otra por el lado de la reserva Noel Kempff Mercado, por el lado boliviano.
Ese 2019, el fuego había, literalmente, arrasado más de cinco millones de hectáreas de bosque en toda Bolivia, según el informe especial de la Fundación Tierra (ver infografía en pag. 23), y solo en el departamento de Santa Cruz aproximadamente cuatro millones. Ardieron territorios indígenas y reservas ecológicas en ocho de los nueve departamentos que existen en Bolivia. Estamos hablando de superficies arrasadas de un tamaño aproximado al de países como Suiza o Costa Rica.
En uno de los tramos de nuestro viaje a la Chiquitanía encontramos a Alcides Vadillo, director de la Fundación Tierra, quien, junto a su equipo, hacen el monitoreo de los incendios. Él nos comentó que más de dos terceras partes del 2019, las lluvias estuvieron ausentes en este territorio, los niveles de calor bordeaban en promedio los 35 grados centígrados y la humedad se había reducido en un 50 % en relación al año anterior. El cambio climático había hecho bien su trabajo para potenciar la magnitud de aquellos incendios.
El “paquete incendiario”
Fuertes vientos, reducción radical de la lluvia y la humedad son solo algunos de los factores producidos por el cambio climático, que podrían haber influido en la aparición de los incendios en la Amazonía. Sin embargo, en el caso brasileño y boliviano, los gobiernos y empresarios interesados en expandir la frontera agrícola y los pastizales para la industria ganadera, sin duda, contribuyeron en este desastre.
Desde el segundo mandato de gobierno de Evo Morales, 2009 al 2014, se promovió la “Agenda Patriótica”, plan de desarrollo compuesto por trece pilares, que tenía el fin de incrementar el nivel de crecimiento económico en el país. A partir de las conclusiones de esta agenda, sectores campesinos y empresarios agroindustriales se propusieron ampliar la frontera agrícola en un millón de hectáreas por año, arguyendo, engañosamente, garantizar la soberanía alimentaria con maíz y soja transgénica destinada principalmente a la alimentación de la industria ganadera, la exportación, y a la producción de los tan publicitados “biocombustibles”. Producto de la “Agenda Patriótica” se aprobó en 2013 la Ley 337, la cual establece “el perdonazo” de las multas por desmontes ilegales. A partir de ello, se dispararon los desmontes en más del 50% en relación al año 2012 (ver infografía).
El año 2015, nuevamente el Gobierno Nacional, empresarios privados y campesinos interesados en la producción de monocultivos, impulsan la cumbre denominada “Sembrando Bolivia”, y fruto de ello aprueban la Ley 741, que permite los desmontes individuales de 5 a 20 hectáreas sin ningún trámite, con la terrible consecuencia de aumentar 250 mil hectáreas desmontadas a las ya permitidas por la Ley 337.
En julio de 2019, el entonces gobierno de Morales, aprueba el decreto 3973, mediante el cual, se legalizan los desmontes y las quemas de las tierras de producción forestal permanente, es decir de bosques que permanecían protegidos y/o resguardados por algunas Leyes. Este decreto sería rechazado por las organizaciones indígenas del oriente boliviano, las que nuevamente denunciaban al gobierno de Morales por ecocida y por consentir la destrucción de su “Casa Grande”.
Ayoreos: el pueblo indígena más afectado por los incendios en la Chiquitanía
En uno de sus puntos, la sentencia del TIDN, hace referencia a los pueblos indígenas en alta vulnerabilidad: “El Tribunal ha conocido que los incendios forestales han afectado a 36 territorios indígenas en una extensión de 1.226.714 hectáreas. Entre los pueblos indígenas afectados se encuentran: Chiquitano, Ayoreo, Guaraní, Guarayo, Cayubaba, Baures, Sirionó y Aaraona. Adicionalmente, llama la atención la afectación a Ñembi Guasu, declarada como área protegida por el Gobierno Autónomo Indígena de Charagua Iyambae, y que forma parte de los circuitos territoriales de trashumancia del pueblo Ayoreo en situación de aislamiento voluntario. Los incendios han alcanzado las 426.028 hectáreas, es decir el 36% de su superficie”.
La raíz étnica del pueblo Ayoreo que actualmente habita una parte del territorio Chiquitano, está en los pueblos no contactados que recorren Ñembi Guasu, un área de conservación que está dentro de Charagua Iyambae, el primer territorio en consolidar su autonomía indígena en la Bolivia plurinacional, y a la que también llegó el fuego.
Nuevamente Alcides Vadillo nos comenta:
Dentro del territorio Chiquitano hay siete comunidades Ayoreas seriamente afectadas por el fuego, no porque se hayan quemado sus cultivos, que son pocos, sino porque dentro del bosque quemado hallaban sus alimentos, las cortezas de los árboles que les servían de materia prima para hacer artesanías que comercializaban en las ciudades. El agua que consumían está contaminada por los peces que murieron a causa de las tóxicas cenizas que cayeron sobre los ríos y las represas”.
A partir de la afectación a su territorio, algunas personas pertenecientes al pueblo Ayoreo emprendieron migraciones hacia la ciudad de Santa Cruz. En las terminales de buses y en los centros comerciales puede vérseles mendigando o vendiendo las pocas artesanías que aún les queda. Estas migraciones se suman a las ya existentes en las periferias de la ciudad de Santa Cruz, donde los indígenas son maltratados y discriminados por un estigma creado a partir de su raigambre nómada.
La presidencia transitoria y los actores del agronegocio en el Estado
Cuando Jeanine Añez, fue por primera vez expuesta por los medios de prensa, horas después de asumir la presidencia de Bolivia de forma transitoria, una de las más famosas fotografías suyas exhibidas, era una donde sostenía un cartel que decía: “¡declaración de zona de desastre, ya!”, en referencia a lo que estaba ocurriendo en la Chiquitanía y la Amazonía.
Un mes después de asumir el gobierno boliviano, en diciembre de 2019, el TIDN le sugirió que el Estado boliviano abrogue el “paquete de decretos que habrían dado paso a las quemas de la Chiquitanía y Pantanal”. Pese a esto, el Estado no hizo ninguna modificación en términos legales, por el contrario, la presidenta en transición invitó a su equipo Ministerial a Oscar Ortiz y Branko Marinkovic, el primero como ministro de Economía y Finanzas Púbicas y el segundo como Ministro de Planificación del Desarrollo. Ambos personajes ligados a los agronegocios, siendo impulsores de la producción de soya transgénica.
En esta misma línea, el ministerio de Desarrollo Rural y Tierras presentó un plan para reactivar el sector agropecuario aduciendo que “pronto faltarán alimentos”, creando un fondo para tales fines, sin embargo, la mayor parte del presupuesto será inyectado en el reducido grupo empresarial de Santa Cruz dedicado al agronegocio. Sin tiempo para asimilar esta noticia, Manuel Morales, activista medioambiental y miembro del Consejo Nacional por la Democracia (CONADE), denunció que el gobierno pretende introducir una variedad de eucalipto transgénico con miras a “reforestar la Chiquitanía”. Mientras tanto, la Fundación Amigos de la Naturaleza, indica que entre el 1 de enero y el 4 de agosto de 2020 se han quemado 147 mil hectáreas en territorio boliviano.
Aun no existen estudios serios sobre los daños causados a la Chiquitanía, algunos informes superficiales se animan a lanzar algunas cifras que son de terror: millones de animales incinerados, pueblos indígenas-campesinos aún más empobrecidos y con sus vertientes de agua contaminadas por las cenizas, y, más de seiscientas variedades de árboles quemados, los cuales, en el mejor de los casos, y si la mano del hombre y el “desarrollo” no intervienen, tardarían entre 200 y 500 años en regenerarse de forma natural.
