En Carta Pública, la Asamblea Del Pueblo Guaraní, denuncia vulneraciones a sus derechos conseguidos en largos años de lucha, la casi inexistente atención y protocolos de salud desde el estado dirigidas a pueblos indígenas, y expresando su preocupación por la situación de las políticas educativas. De la misma manera, hace conocer su rechazo a la forma en que empresas hidrocarburíferas han seguido operando en territorio indígena, convirtiéndose en foco de infección de casos de COVID-19, poniendo en grave riesgo a las comunidades guaraní que viven cerca de los pozos. Dan plazo para la atención de sus demandas, de lo contrario, anuncian movilizaciones.
La máxima instancia representativa del pueblo Guaraní, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) emitió una Carta Pública donde expresan reclamos por una serie de vulneraciones a sus derechos, por el desconocimiento a logros de la lucha histórica indígena, y realizan una denuncia por actividades hidrocarburíferas en pozos de explotación, que no se han detenido en los territorios y que se han convertido en focos de contagio de COVID-19.
La carta, dirigida a Añez, denuncia la larga exclusión de pueblos indígenas y sectores marginalizados en las ciudades en la atención de salud, sin existir hasta ahora datos específicos sobre contagios y fallecimientos en pueblos indígenas en las estadísticas oficiales del gobierno.
Por otro lado la desaparición del Ministerio de Culturas y por consiguiente, del Viceministerio de Medicina Tradicional, así como la utilización de los recursos del Fondo Indígena para otros sectores, (hecho que ya se había registrado en el anterior gobierno), constituyen una vulneración a sus derechos logrados en una larga lucha ejercida por las comunidades indígenas. Los recursos del Fondo Indígena, exigen, deben ser canalizados de manera urgente para las acciones de pueblos indígenas frente a la pandemia, puesto que muchos de ellos carecen de estructura sanitaria equipada y personal de salud, por lo que están en grave riesgo de extinción. También expresan su preocupación por las políticas de educación.
Extractivismo hidrocarburífero y el peligro de expansión de contagios de COVID-19 en territorios indígenas
Otra de las exigencias más importantes es el respeto a los territorios indígenas, en especial donde existen empresas hidrocarburíferas que han seguido con sus actividades de extracción de recursos.
Nos extraña de sobremanera, nos indigna, nos molesta y nos moviliza, la actitud dela empresa estatal del petróleo YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANO (YPFB), quienes en contubernio con las empresas transnacionales, vulneran nuestro derecho a la vida, nuestro derecho económico y el derecho de nuestra participación en la toma de decisiones en asuntos estratégicos y de interés colectivo, contraviniendo la normativa nacional e internacional como el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como el derecho constitucional que reconoce la pre-existencia de las Naciones y Pueblos Indígenas de Bolivia.
El 22 de mayo, las comunidades en Macharetí (Chuquisaca) denunciaron que en el pozo petrolero Sipotindi X1, (inaugurado en 2018), se habían registrado tres casos de COVID-19 en personeros de la empresa operadora, quienes habían sido trasladados a Santa Cruz ya el 4 de mayo. La molestia de las autoridades guaraní de la zona se hizo evidente porque las comunidades han cumplido la cuarentena e incluso habían emitido Protocolo de Autocuidado el 18 de mayo, sin embargo la empresa siguió operando y no había informado a tiempo a las comunidades sobre los contagios, hasta que se supo a fines de mayo que los casos de COVID-19 en empleados que trabajaban en el pozo, eran de 17. Eduviges Chambaye, alcalde de Macharetí y el Servicio Departamental de Salud (SEDES), anunciaron que iniciarían una denuncia penal contra YPFB y la empresa operadora en Sipotindi X1, por atentado contra la salud pública.
La APG afirma en la Carta:
Las Empresas Petroleras que operan en nuestros territorios se han convertido en focos de contagios del COVID-19, en especial en nuestros territorios de Macharety (campo Isipotindi), Incahuasi Alto Parapeti Iupaguasu, y el bloque Caipependi, sin que el señor Ministro de Hidrocarburos y la Presidencia de la empresa estatal del YPFB se hayan manifestado y busquen soluciones sobre el caso. No queremos pensar que esta actitud sea motivada intencionalmente como práctica genocida sobre nuestras comunidades de la nación guaraní.
Por esta situación, que representa un grave peligro para las comunidades indígenas que viven en las cercanías del pozo, la Asamblea del Pueblo Guaraní exige el “cambio inmediato de los ministros de: “Hidrocarburos, Medio Ambiente y Agua, Desarrollo Rural y Tierras y Ministra de Salud[…]Realice el Cambio Inmediato del presidente de YPFB y nombre a una persona que tenga responsabilidad y sensibilidad humana, que respete los derechos de los pueblos indígenas, cumpla su rol de fiscalización, y no defienda a las empresas operadoras transnacionales dejando a los pueblos indígenas desprotegidos y haciendo división interna orgánica”.
En la parte final anuncian que si bien están abiertos al diálogo, en caso de no tener respuestas a sus exigencias hasta el 19 de junio por parte del gobierno transitorio, iniciarán el cierre de accesos a campos petroleros.
