El día de ayer, 21 de mayo, un grupo de militares en traje de campaña irrumpió en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). En las fotos de los periódicos digitales se veía una marea camuflada que nos hizo imaginar aquellos años jodidos de dictadura militar que nuestras abuelas nos contaban. A su salida de la Asamblea supimos que habían ido a entregar una carta subsanando algunas observaciones para que la ALP ratifique los ascensos en la institución militar. Al finalizar la tarde Adriana Salvatierra, senadora por el ex partido oficialista decía en una conferencia de prensa lo siguiente:
Expresar nuestro rechazo al ingreso a las instalaciones de la ALP por parte del General Orellana en traje de campaña y militar, esto es una acción sin precedentes que ha cruzado la relación de independencia entre órganos del estado”.
En una breve conferencia de prensa en plena plaza murillo, Sergio Carlos Orellana Centellas dio un plazo de una semana al Senado para ratificar los ascensos:
Pasó en demasía el tiempo con relación a la respuesta que debería recibir las Fuerzas Armadas. Vamos a esperar la siguiente semana para que la asamblea se pronuncie y ratifique los ascensos. Si es que recibimos una respuesta negativa, vamos a proceder como establece nuestra normativa, en nuestra reglamentación apoyados en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas del Estado”.
La ex presidenta del senado, Adriana Salvatierra le respondería:
El general Orellana ha manifestado que ha remitido la documentación correspondiente subsanando las observaciones, pues comete un error; quien debe remitir la documentación correspondiente, de acuerdo a la Constitución Política del Estado en el artículo 172 inciso 19, es la Presidenta del Estado. Parece que el general de la FF.AA. ha desconocido la atribución constitucional que se le ha otorgado al ejecutivo”. Más adelante señala, “las FFAA no delibera, quien delibera es la asamblea legislativa”.
La acción de este grupo de generales ha levantado susceptibilidades en torno a un nuevo posible golpe de estado en Bolivia. Recordemos que el general Orellana fue posesionado por la actual presidenta transitoria el 13 de noviembre del año pasado, días después el ejército junto a la policía intervienen el bloqueo de campesinos en Sacaba, Cochabamba y el de Senkata, en La Paz, con un saldo trágico de veinte personas asesinadas.