En plena cuarentena por COVID-19, el 8 de mayo de 2020, el gobierno transitorio de Añez, dio paso a la evaluación de transgénicos para soya, maíz, trigo, algodón y caña de azúcar, efectivizando la política estatal que en los últimos quince años benefició al agroextractivismo. La alianza estado-capital se renueva y vienen con ella empresas multinacionales como Monsanto-Bayer, Bioceres, con sus semillas modificadas genéticamente y agrotóxicos. Contra esta ofensiva se han puesto de pie la pequeña producción campesina e indígena que usa y protege semillas nativas, colectivxs y organizaciones que se oponen a esta nueva agresión a la salud integral y la soberanía alimentaria.
El 18 de marzo de 2019, el gobierno de Evo Morales junto a empresarios privados y de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, (ANAPO), afiliada de la poderosa Cámara Agropecuaria del Oriente, firmaron un acuerdo para permitir la evaluación abreviada de dos semillas transgénicas de soya (INTACTA y HB4) resistentes al glifosato y al glufosinato de amonio, con el fin de producir el denominado “biodiesel”, acorde a la “nueva era de los biocombustibles” en Bolivia y el “etanolazo” decretado por el MAS el 2018.
Era un segundo gran paso para los sectores del agronegocio en Bolivia, después del primero que se dio en julio de 2005, durante la presidencia transitoria de Eduardo Rodriguez Veltzé, quien aprobó el uso de la soya transgénica RR 40-3-2[1].
Los representantes de ANAPO, la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente, (CAPPO), y la Federación Única de Trabajadores Campesinos y Productores de las Cuatro Provincias del Norte, quienes habían firmado un pronunciamiento ese marzo de 2019, exigiendo la aprobación del uso semillas transgénicas, manifestaron su complacencia ante el nuevo logro de aprobación de evaluación de transgénicos para la producción del “biodiesel”. Sin embargo, anunciaron que buscarían también el visto bueno para nuevos eventos transgénicos para el maíz, algodón y caña de azúcar:
La secretaria ejecutiva de los productores del Norte cruceño, Deisy Choque, [y candidata a diputada por el MAS] sostuvo que se espera que en un plazo corto se promulgue el decreto que permita la utilización de dichos eventos biotecnológicos del grano en la campaña de verano […] Para el presidente de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores (CAPPO), Isidoro Barrientos, esta medida es un avance fundamental para el agro boliviano pero que se seguirá trabajando para acceder a semillas genéticamente mejoradas para las plantaciones de maíz, algodón y caña de azúcar.
Los sucesos de octubre y noviembre de 2019, detuvieron momentáneamente las peticiones y negociaciones que sostenían los productores, mismas que se reanudaron este 2020, cuando en marzo de este año el régimen transitorio de Añez autorizó al Comité Nacional de Bioseguridad, continuar la evaluación para semilla HB4 y otras semillas transgénicas. Negocios son negocios y continúan esté el gobierno que esté.
El 6 de marzo 2020, en escueto comunicado de prensa, el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y de Gestión y Desarrollo Forestal, en su calidad de Autoridad Ambiental Competente Nacional (AACN), anunció que el Comité Nacional de Bioseguridad había aceptado la evaluación del evento transgénico HB4, amparándose en el Decreto Supremo 3874 aprobado por el MAS el 17 de abril de 2019.
MONSANTO y Bioceres: Alianzas empresariales y estatales por sobre la salud de la población
La introducción de la semilla HB4 está ligada directamente a mega empresas mundiales que marcan el ritmo y la geopolítica de la “industria agroalimentaria” capitalista. Ya en febrero de 2019 la empresa argentina Bioceres y la ANAPO habían presentado la semilla HB4 en Bolivia, resistente a la sequía y anunciada como una gran alternativa para los productores de soya en el país.
Bioceres es la empresa argentina que hizo una alianza público privada, con expertos del UNL – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, (CONICET), de Argentina creando el INDEAR que se encarga de “proveer servicios de I+D para facilitar el desarrollo de nuevas tecnologías y productos de Bioceres y de empresas fuera del grupo”, institución que Bioceres pudo finalmente adquirir en 2009. Ya el 2004, el equipo de investigadores de CONICET y UNL aliados empresarialmente con Bioceres, patentó una construcción genética que contenía el gen de girasol HAHB-4 y que se usó para hacer más tolerantes a situaciones de estrés hídrico y salinidad, a semillas de soya. En 2012, y después de ensayos realizados por Biotech, y algunas “mejoras”, patentaron y licenciaron el gen modificado HB4 a favor de Bioceres. La resistencia de la semilla genéticamente modificada fue calificada como una “revolución” para el sector soyero, y en 2018 luego de tener la aprobación de las instituciones estatales en Argentina, anunció que sería lanzada a los productores, presentando la “tecnología HB4” en asociación con la empresa Rizobacter, y que es accesible cumpliendo los requisitos que exigen las empresas.
El 2018, la multinacional MONSANTO-BAYER se hizo socia de Bioceres, con alrededor del 5% del capital accionario, marcando el ingreso triunfal de las nuevas semillas resistentes a la sequía, dadas las condiciones en el mundo provocadas por el cambio climático, anuncian las empresas. Paradójicamente, los monocultivos como la soya que usan semillas transgénicas y pesticidas, son parte contribuyente de la deforestación y por tanto, del cambio climático.
Trigal GEnetics, otro joint venture entre Bioceres y empresa francesa Florimond Desprez, desarrolla la semilla HB4 de trigo. Desde 2018 hasta ahora, presentan no solo la soya HB4 y su pesticida, el Prominens, a productores argentinos, sino también su desarrollo genético para el trigo, considerando este cultivo inclusive más rentable que la soya, por ser nuevo en la incursión con el uso de transgénicos.
En esta red de alianzas corporativas entre Bioceres y varias empresas de investigación y desarrollo de transgénicos, agrotóxicos e insumos biotecnológicos para el agronegocio, se ha comenzado pues, a comercializar las semillas transgénicas HB4, como el excelente negocio que representa para dichas empresas. Gobiernos de países como Brasil, Paraguay y Estados Unidos, desde principios de 2019 hasta ahora, aprobaron el uso del evento HB4, comercializado por Verdeca, el joint venture producto de la alianza de Bioceres y la norteamericana Arcadia Biosciences, mientras esperaban que la semilla de soya HB4 fuera aprobada para su uso por la China. Los directivos de la empresa Bioceres, señalaban entusiastamente que terminarían el año 2019 facturando 150 millones de dólares[27].
Esta es principalmente la información que las empresas han hecho pública, y ha hecho lobby con eso, pero no han propagandizado en igual medida al público en general, y como parte de esa “revolución” para soyeros, que el evento genético HB4 es resistente al glifosato y el glufosinato de amonio. Ambos agrotóxicos, cuestionados por organizaciones campesinas y sociales no solo en Argentina sino en todo el mundo. El glufosinato de amonio es el principio activo del pesticida comercialmente producido en Argentina bajo el nombre de Prominens”.
Fumigadxs
El Prominens, glufosinato de amonio 20%, es producido por la empresa argentina A.C.A. en alianza con Bioceres, elimina una gran gama de malezas, y es considerado por los defensores de los transgénicos como un avance para la industria nacional en ese país.
Un informe de Greenpeace de 2009, señala que el glufosinato, comercializado por la empresa Bayer, se considera peligroso para humanos y el medio ambiente:
Comparado con otros herbicidas, el glufosinato es un pesticida tóxico, criticado por gobiernos, y cuya utilización representa un considerable riesgo para los agricultores, causa daños a insectos en zonas circundantes y puede ser peligroso para los consumidores al ingerir alimentos que contengan residuos del herbicida.
Bayer tuvo que anunciar el 2012 el retiro del mercado de pesticidas como “Liberty” en Alemania, que tenían como base el glufosinato, pero a su vez anunciaban que lo exportarían a países no europeos, mientras que las pruebas en animales que caen en las garras de estas industrias, presentaron, ante dosis de glufosinato, convulsiones, muerte de células cerebrales y malformaciones embrionarias. De la misma forma la misma empresa Bayer anuncia que BASTA, agrotóxico con base en glufosinato de amonio podría ser peligroso para “organismos acuáticos”. En países como Argentina desde aproximadamente 2010, se presentó al glufosinato de amonio como una nueva alternativa al glifosato, pero, como advertía el reconocido investigador ya fallecido, Andrés Carrasco, en realidad se trataba de un pesticida mucho más peligroso que el glifosato y que sería usado en adelante, tal como sucedió pocos años después.
El 2019, organizaciones sociales en Argentina abordaron la peligrosidad de la introducción de transgénicos HB4 en la producción de trigo, y el riesgo que representa su herbicida, el glufosinato de amonio. En la DECLARACIÓN PARA DECIR NO AL TRIGO TRANSGÉNICO, investigadores del mismo CONICET, afectadxs por las fumigaciones de glifosato, coordinadoras y asociaciones ambientalistas y contra la contaminación ambiental, en una larga lista, declararon:
Algunos sectores empresarios, funcionarios y del sistema de ciencia y técnica sostienen la mentira de la disminución en el consumo de agrotóxicos por la difusión de variedades transgénicas. Lo hacen aunque saben que para eso tienen que mentir y esconder información, porque todavía hacen negocios millonarios.
¿Quién no conoce las dramáticas imágenes de los campos fumigados por glifosato en Argentina, y el envenenamiento de poblaciones enteras, producto de estas fumigaciones?
El investigador de Productividad Biosfera Medio Ambiente, (PROBIOMA), Miguel Crespo, explicó desde marzo del 2019, que en Bolivia, si la soya transgénica anteriormente autorizada en el país, usaba entre 3.5 a 4 litros por hectárea de herbicida, el evento de soya HB4 usaría ocho litros por hectárea, un dato alarmante para regiones que ya sufren de contaminación de suelos por el enorme uso de pesticidas, los cuales provienen sobre todo de China, Argentina, Brasil y Paraguay.
Bolivia tuvo gobiernos que apostaron por apoyar el ingreso de transgénicos y agrotóxicos, con el caso paradigmático del MAS, e incrementó en un 150% el uso de pesticidas desde 2001 hasta el 2017. Los datos en Santa Cruz muestran, como apunta Crespo, el uso de 14,8 millones de kilos/litros de herbicidas importados solo en el área soyera, de los cuales 10,9 millones de kilos/litros son de glifosato. La inminente llegada del glifosato de amonio de las manos de Bioceres y Verdeca, es un golpe no solo para los suelos, vertientes y población ya contaminados, sino para la salud de toda la población en general.
Si sumamos a esto la petición empresarial y la venia gubernamental para la evaluación abreviada para la tecnología Intacta de semillas de soya perteneciente a MONSANTO, no solo para la producción de biodiesel como había aceptado el gobierno del MAS, así como el visto bueno estatal rumbo al uso de variedades de semilla modificada para el trigo, el maíz, el algodón y la caña, hablamos de un desastre ecológico y social en ciernes.
No solo eso, es evidente, que tras los datos astronómicos de ganancias empresariales se suma un dato no tomado en cuenta en la propaganda oficial de “desarrollo” de gobiernos y empresas: la DEFORESTACIÓN MASIVA en varios países, que requiere el agroextractivismo para expandir los monocultivos, y que implican la desaparición de ecosistemas enteros y especies como las abejas y otros polinizadores naturales.
Pándemicos e integradxs: el sistema mundial de monocultivos frente a los cultivos diversificados de la producción campesina
La deforestación en Bolivia, se ejecutó a través de su efecto más visible, brutal y desastroso, así como descarado: los incendios en la Chiquitanía boliviana el 2019, ocurridos sobre todo en el departamento de Santa Cruz, deflagraciones que tienen por detrás una serie de medidas legales emitidas por el gobierno del MAS, que permitieron desmontes y ampliaciones de la frontera agrícola, a favor de sectores de ganadería extensiva y productores soyeros.
La tragedia de cientos de jaguares sin hogar y probablemente calcinados en amplias zonas devastadas por las llamas, manadas enteras de especies consumidas por el fuego, territorios indígenas desolados y en cenizas, en las 5.3 millones de hectáreas calcinadas y ofrendadas al altar de los intereses privados, son parte de las consecuencias de una feroz política agro-corporativa que promete “seguridad alimentaria”, cuando en realidad, por los datos presentados por investigadores como Crespo y Gonzalo Colque, esta situación representa exactamente lo contrario: Bolivia, siendo un país mega diverso en fauna, flora y productos alimenticios, ha disminuido dramáticamente su producción de cereales como el trigo, tubérculos, raíces, frutas, hortalizas y forrajes, al tiempo que crecía la producción privatizada de oleaginosas e industriales (soya). Esto tiene de seguridad alimentaria lo que Monsanto-Bayer tiene de asociación filantrópica. NO se ha mejorado la calidad de alimentación, lo que trae su correlación inmediata en la salud de la población.
Pero los negocios no entran en cuarentena.
El 30 de abril el representante presidencial en Santa Cruz, Arturo Murillo, se reunió con los representantes de la ANAPO, quienes expresaron:
Hemos tenido una reunión con el ministro Arturo Murillo para hacerle llegar nuestro pedido clamoroso, que se nos apruebe el uso de la biotecnología en los cultivos de soja, maíz, trigo y algodón; ya que los pequeños productores venimos pasando por una situación muy difícil, debido a las pérdidas que tenemos por sequía”.
Casi al mismo tiempo, nuevamente, representantes de pequeños productores de oleaginosas del Norte Integrado que son parte de las federaciones sindicales campesinas en Santa Cruz, exigieron la aprobación del uso de semillas transgénicas.
Ocho días después, el 8 de mayo, el gobierno transitorio otorgó a través del Decreto Supremo 4232 lo que tanto habían pedido los productores del agro negocio: la autorización al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del eventos transgénicos para el maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya.
El caso del maíz no deja de ser dramático, aunque ya se tenía conocimiento de su producción con semilla transgénica ilegal en el país, tenemos aún, cuando menos, 70 tipos de maíz nativo, cuyas semillas fueron obtenidas tras centenares de años de cuidado y conocimiento de pueblos indígenas que transformaron al maíz en una base de nuestra alimentación. El maíz willkaparu en el altiplano y valles se usa para refrescos locales y en el famoso api tojorí y es indicado para los niños porque tiene mucho más calcio; el avatiu (maíz, en guaraní) negro es más duro, y para hacer masitas se usa mejor el maíz amarillo, todo en un manejo de tierras con descanso y rotación de suelos, al lado de los maíces se pone a sembrar los zapallitos o calabacines… y a pesar de todo nuestro conocimiento y colores y sabores exquisitos, aun así, se aprobó este mayo la evaluación para semillas transgénicas de maíz creadas en sombríos laboratorios aliados al empresariado del agronegocio.
En una discusión cada vez más extendida acerca de la responsabilidad del sistema capitalista con la aparición de una pandemia como la de COVID-19, -el capitaloceno, como le llamaría Jason Moore-. La agenda económica de nuestro país se mueve precisamente en dirección a políticas que ocasionan esta crisis sanitaria histórica, porque, en términos de dichas políticas, fuimos y somos parte contribuyente de la crisis ecosocial que sufrimos ahora más que nunca.
Sin embargo, cada día desde que comenzamos el acatamiento de la cuarentena, hemos vivido en carne propia la forma en que estamos conectados y la medida en que somos dependientes de la pequeña producción campesina que llega a los mercados, con sus propias dinámicas y conflictos por el uso creciente de otros pesticidas, y de las asociaciones de productorxs agroecológicxs. Dicha producción diversificada, en muchos casos aún está ligada al manejo rotativo de tierras y técnicas agrícolas que no implican el uso de maquinaria, empleando semillas nativas.
Los productores agroecológicos y pequeños productores, organizaciones sociales, institutos, grupos activistas y muchos más a lo largo y ancho del país emitieron un pronunciamiento conjunto donde rechazan de manera contundente la aprobación de los eventos de soya. Advertimos junto al reclamo de los productores agroecológicxs, que el ingreso de semillas transgénicas y pesticidas da un fuerte espaldarazo al extractivismo agrario[2] que destruye, ocupa, acapara y agota territorios y tierras; y es una agresión directa a las semillas nativas, a quienes las cuidan y reproducen, a la población que depende de la pequeña producción agrícola.
El estado, y gobiernos como los Mesa, Rodríguez Veltzé, Morales y Añez, nos impusieron e imponen ir por la ruta de la catástrofe de la mano de multinacionales, de la élite agroempresarial en Bolivia y, también, de una cadena de productores soyeros más pequeños; a la par de la existencia de trabajadores rurales cada vez más marginalizados, y territorios indígenas y agricultura familiar campesina muy afectada por los cambios agrarios que implican la conexión del país como exportador de materia prima a la mega industria alimentaria y agraria capitalista en el planeta. Todo en una coyuntura como la actual, que exige que se puedan fortalecer y efectuar otras formas de producción no dependiente de monopolios. Esas propuestas urgentes y diferentes, es ya muy claro, solo provendrán de las luchas de lxs pequeñxs productorxs y de la población que sepa lo que implica poner en riesgo con agrotóxicos y transgénicos, como se ha hecho todos estos años, lo que queda de nuestra diversidad, nuestra salud; y que dimensione la importancia de una interdependencia respetuosa con otras especies y ecosistemas.
La alimentación no es un negociado de lucro ni botín político partidario,
la salud integral es un derecho,
los bosques y selvas son irremplazables,
¡¡ALIMENTOS LIBRES, SEMILLAS LIBRES!!
NOTAS
[1] El presidente transitorio Eduardo Rodríguez Veltzé elevó a rango de Decreto Supremo la Resolución Multiministerial del 7 de abril 2005, https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-28225.html
[2] Ver el excelente estudio del investigador Ben McKay http://ftierra.org/index.php/component/attachments/download/168
