Por Tania Aruzamén Z.
Hace poco más de dos semanas se confirmaba el ingreso del COVID-19 al país. Una ciudadana boliviana, residente en Italia, vuelve del país europeo para encontrar el rostro más oscuro de la sociedad boliviana.
Luego de confirmarse el diagnóstico de la “paciente 0”, la comunidad de San Carlos en el norte cruceño, iniciaba medidas de presión para que la paciente sea retirada a la capital de departamento argumentando que no existen las condiciones y manifestando un miedo irracional a lo desconocido, a la enfermedad y al otro. El pedido de los comunitarios fue escuchado, y se trasladó a la paciente hacia la capital cruceña. Sin embargo, esta no fue la solución—sino el inicio—de una serie de sucesos que muestran lo fragmentada, indolente y poco solidaria de la sociedad boliviana, una sociedad que si bien se caracteriza por una fuerte cosmovisión comunitaria propia del mundo andino, hoy muestra su lado más individualista y el menosprecio al otro.
Tras peregrinar por siete nosocomios, con calles bloqueadas para impedir el paso de la ambulancia, con el sentimiento de ser la portadora de la muerte, y la negativa de personal de salud de atenderla dignamente, se dispuso la atención de esta persona en un ambiente de la Alcaldía cruceña. Este es el primer síntoma de una enfermedad que nos está matando, y quizás lo más difícil de combatir: la falta de empatía y solidaridad. La compatriota ha vuelto a su patria, pero no ha sido recibida por sus hermanos.
Luego, llegaría el conteo de más y más casos. Con estos, la estrategia del gobierno: la cuarentena, y con ella, la sombra de la de la discriminación, racismo y el odio que tanto nos ha hecho daño. El Alto, después de una reciente masacre y a la que se la ha culpado de la muerte de sus hijos, carga hoy el estigma de un discurso de odio que ha tomado el poder. “Vándalos,” “terroristas,” y “saqueadores” hoy son términos comunes para referirse a pobladores de la urbe alteña. ¿En qué momento este discurso ha cobrado más fuerza? Durante los hechos de Senkata, ante el descontento popular y la movilización en rechazo al golpe de estado, el pueblo alteño ha visto ante sus ojos dos viejos pero conocidos fantasmas: el racismo y la represión justificada por parte del gobierno y de una sociedad que los desprecia.
El Alto se considera una de las ciudades en mayor movimiento de nuestro país, erigida sobre el comercio informal, abundan las ferias de comercio y las ofertas de toda clase en sus calles. La feria 16 de Julio, conocida como una de las más grandes de todo el mundo, congrega a miles de personas los días jueves y domingo. Cuando (como única medida de contención a la crisis sanitaria en el país) se dicta la orden de no circulación sin antes buscar los medios de informaciones adecuados o los espacios de incidencia esenciales para efectivizar la tarea, se lo hace bajo un método muy conocido por la Administración Añez—la amenaza de detención y prisión.
El portavoz de la represión y la amenaza, Arturo Murillo, anuncia proceso a quien no esté de acuerdo con su palabra mientras el pueblo que vive de lo ganado durante el día se pregunta cómo subsistir ante el encierro, y ante el juicio de quienes aparentemente desconocen la realidad con un 70% de su economía en el sector informal.
Con el mensaje de que el gobierno de Jeanine Añez se encuentra preparado hace dos meses para enfrentar a esta crisis y una vez iniciada la cuarentena total, no se ven batas blancas movilizándose para responder a la crisis. Nuevamente son los trajes militares y policiales quienes protagonizan las acciones de contención y disciplinamiento en los barrios populares y la ausencia o la docilidad de la institución del orden en barrios adinerados.
El COVID-19 cuenta con más de un centenar de infectados, oficiales, el dato real es desconocido. Empiezan a declararse fallecidos por la enfermedad; uno de ellos, un empresario a cargo de una telefónica importante es víctima mortal de esta enfermedad—aunque el estado no lo declara oficialmente. Su familia denuncia indolencia por parte de las autoridades (negativa por parte del sistema privado de salud) de atender un caso priorizado en este caso:
“Mi hermano no murió de coronavirus, lo mató la incapacidad del gobierno y demás autoridades de salud. Ellos tendrán que responder por su muerte.”
En la localidad de Colchani, zona fronteriza con Chile, más de un centenar de compatriotas suplican al gobierno la apertura de la frontera y la repatriación de los bolivianos varados en Chile. Mujeres embarazadas y madres con niños en los brazos, buscan la respuesta de autoridades que no solo brillan por su ausencia, sino resplandecen por su indolencia. Arturo Murillo conjeturó que la información sobre el grupo de bolivianos varados en Chile correspondería a videos dudosos que circulan en redes sociales, pese a que al respecto fueron publicadas notas periodísticas y hasta se pronunciaron otras autoridades de Gobierno, como los ministros de Defensa y de Justicia. Mientras tanto, autoridades de defensa de Chile lamentaban el mal actuar del gobierno de Janine Añez ante la vulnerable situación de nuestros compatriotas.
“Son gente sana, que solo quieren regresar a su patria y reencontrarse con los suyos,” afirmaba el jefe de la Defensa de las Armadas de Taracapá de Chile. Como exiliados de su propia patria por su condición de trabajadores, a la que quieren regresar, es la que le niega ese derecho.
En Cochabamba, productores agrícolas se hallan en emergencia porque no pueden vender sus productos. Temen que se deteriore la situación debido a la falta de compradores, mientras el gobierno firma acuerdo con empresarios de supermercados para garantizar su funcionamiento—en clara diferencia al trato que reciben pequeños productores y otros comerciantes que han visto sus productos decomisados.
El gobierno de facto ha anunciado la dotación de una canasta básica de 400 Bs en efectivo, luego de contradicciones e imprecisiones sobre la misma durante varios días, mientras los municipios inician con entrega de alimentos no perecederos, en la medida de sus posibilidades y en completa falta de coordinación con la administración central. Estas acciones no planificadas de manera integral, han generado caos y desesperación entre los más vulnerables y afectados por esta crisis, que ahora también refleja una herida sin sanar, la desigualdad.
Mientras tanto, los medios no hablan de improvisación, ni de falta de equipamiento e inexistentes acciones para contener una crisis sanitaria en un país golpeado por un conflicto político reciente. Los medios al unísono insisten que un encierro de siete meses nos salvará de esta tragedia.
En “La Peste,” un reflejo de la más cruel miseria humana en medio del azote de una enfermedad, Albert Camus, parece haber presagiado: “Lo peor de la peste no es que mata los cuerpos, sino que desnuda las almas y ese espectáculo suele ser horroroso.”
Sin embargo, espero que no haya pensado que lo descrito llegara a ser posible.
Imagen: Sr. Garcia en El País.
