Cada que emprendemos la retirada nos juramos no volver más. Pero pareciera que los “azares” han conspirado cizañeramente para que repitamos este trajín “ineludiblemente”. Lo que si se cuida es la apariencia, han perfeccionado la técnica para que no quede un hilo suelto que despierte la sospecha de ser parte de un mismo urdiembre. Otra vez, las esperanzas de soluciones que no llegan, están vaciadas a la voluntad de ternos con pestilencia a colonia y solvencia de poder; una máquina que taipea la sentencia, la burocracia que pone zancadillas y el despliegue de su dominio que se irgue solo para oler vulnerabilidad.
De eso se trata el nuevo orden. Hoy todo se define ahí: en sus cuatro paredes y sus múltiples pisos verticales con estantes llenos de papeles, con sus jueces, abogados, policías, fiscales, jugando a una ley que ha jurado sobre su dios ser antónima de justicia.
Esta vez, se llama Acción Popular. Y es el grito desesperado contra el monstruoso proyecto hidroeléctrico Rositas, las demandantes son las comunidades indígenas afectadas, y han llegado, hasta la ciudad de Cochabamba, las alianzas más insólitas logradas en estos tiempos de resistencia al sistemático resquebrajamiento organizacional y popular: comunidades campesinas, representantes de comités cívicos, vecinos y residentes del pueblo de Vallegrande, concejales y hasta el alcalde, con su único abogado, tuvieron que sentarse frente al bufete de 15 abogados de la empresa estatal ENDE y el mismísimo procurador del estado (que no está demás decir que fue quien se atribuyó la tarea de argumentar el porqué de la incompetencia territorial del caso), y obtener mediante la sentencias la evidencia de lo sabido: la balanza de la justicia judicial se inclina donde pesan los billetes.
