Las comunidades guaraníes que se hallan en el territorio indígena Kaaguasu, (Municipio Gutiérrez, provincia Cordillera), titulado el 2002, viven de la caza, la pesca y el cultivo del maíz destinado sobre todo al autoconsumo. Las familias guaraníes cruzan constantemente el río para sostener su ganado y las hortalizas que siembran.
Según la Mburuvichá guaraní Lourdes Miranda, éstas comunidades, como Tatarenda Nuevo y Tatarenda Viejo, fueron las que desde el 2000, lucharon no solo por la nacionalización de los hidrocarburos (2004), sino por la realización de una Asamblea Constituyente, a través de diversas movilizaciones que exigieron el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas y el respeto a sus territorios.
Como paradoja de la historia, son estas mismas comunidades las que quedarán inundadas y afectadas, por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Rositas, impulsado por los gobiernos departamental y nacional. Gobiernos que, a pesar de su antiguo enfrentamiento, ahora coinciden en señalar que Rositas es la forma más importante en que el departamento de Santa Cruz tendrá “desarrollo”.
Sin embargo, continúa Miranda, las comunidades directamente afectadas, unas 700 familias, no fueron informadas y menos aún consultadas, aunque la consulta previa, había sido una de las principales exigencias de los pueblos indígenas, por la cual éstos sufrieron la persecución y amedrentamiento de las élites políticas y agroindustriales en Santa Cruz, durante la realización del proceso constituyente.
Al preguntar las autoridades guaraní a los personeros de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), los avances del proyecto y en qué situación quedaban las comunidades indígenas, éstos contestaron que “no los tenían en el mapa”, lo cual expresa la manera en que se están realizando este tipo de mega emprendimientos.
Pero el proyecto hidroeléctrico Rositas, y las otros siete proyectos similares que, según el presidente Morales, se construirán en la cuenca del Río Grande, no son las únicas amenazas para las comunidades guaraní en esta zona. Las exploraciones y explotación petrolera habían ya provocado la movilización de éstas, exigiendo su derecho a la consulta.
Recientemente el gobierno ha anunciado la socialización en comunidades sobre la hidroeléctrica Rositas, a pesar de que no existe estudio a diseño final, y que aun así, se hizo ya la adjudicación de obras, a iniciarse el 2017, a la Asociación Accidental Rositas, que reúne a tres empresas chinas.
Las comunidades que esperaban los informes de ENDE así como de los gobiernos departamental y central, recientemente se han declarado en alerta, dispuestas a iniciar movilizaciones contra la hidroeléctrica. Esto, dice Miranda, no significa que estén “contra el desarrollo”, o sean de “derecha” como constantemente afirma el gobierno, sino que buscan otro tipo de desarrollo, donde comunidades enteras no tengan que desaparecer para que algunos sectores de áreas urbanas e intereses privados y estatales, primen por sobre la vida y los territorios indígenas, los cuales seguirán siendo defendidos por sus habitantes
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(Testimonio recogido durante la realización del Espacio Social Alternativo, 10 y 11 de noviembre, Cochabamba, Bolivia)
