Chaski Clandestin@
El 11 de enero de 2007, en un tenso contexto de pugnas alrededor de la realización de la Asamblea Constituyente y la aprobación de un nuevo texto constitucional, las calles centrales de la ciudad de Cochabamba fueron escenario de uno de los enfrentamientos más violentos entre sectores de la sociedad civil.
Los hechos de violencia, como manifestación del racismo y la intolerancia aquel día, se pueden leer como el resultado de una pugna por la legitimación de poderes, entre la fuerza cooptadora y movilizadora del Movimiento al Socialismo (MAS) y la capacidad de convocatoria del entonces prefecto cochabambino Manfred Reyes Villa, militar anteriormente participante de la dictadura de Luis García Meza en 1980, y uno de los líderes de la oposición el 2007. Se utilizó a las afinidades de cada movimiento para marcar el territorio frente al otro, sin importar que esto signifique la pérdida de vidas.
L@s autonomistas
Bolivia había iniciado el siglo XXI con levantamientos indígenas, populares y comunitarios. Desde el 2000 con las llamadas Guerra del Agua, la Guerra contra el Impuestazo y la Guerra del Gas, varios movimientos pusieron fin a casi una década y media de un sistema político partidario en decadencia y sus propuestas privatistas.
El bloque señorial y empresarial más poderoso del país, en plena conformación, a través de entes corporativos como son los Comités Cívicos y prefecturas departamentales, frente a la desbordada fuerza de los movimientos anti-neoliberales, respondió ese mismo 2003 con una renovada propuesta de “autonomías departamentales”, convertida en bandera central de su lucha. La autonomía departamental, plasmada luego en “estatutos autonómicos”, significaba para las élites económicas y políticas departamentales, una trinchera para el resguardo y acrecentamiento de sus intereses, al otorgarles el ejercimiento, entre otras cosas, del control sobre la administración de recursos naturales, distribución de tierras y una amplia legislación local.
Estos planteamientos pro autonomistas se inauguraron en la ciudad de Santa Cruz, con la paliza que propinaron los emergentes grupos de choque cívicos y prefecturales a campesinos que habían ido a exigir el 17 de octubre el 2003, la renuncia del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en solidaridad con el pueblo de la ciudad de El Alto (La Paz), que habían sido masacrados por el ejército esos días. Es así que el racismo contra lo indígena contestatario de “occidente” y oriente, marcó la tónica de los discursos y actos que defendían las autonomías, como sucedido en junio de 2005 con nuevas agresiones de la “Unión Juvenil Cruceñista”, parte del Comité Cívico de Santa Cruz, contra campesinos.
El 2005, -última gran movilización popular e indígena generalizada en todo Bolivia, reclamando la nacionalización de los hidrocarburos-, los grupos empresariales habían conformado ya un más claro frente de oposición que llevaría a cabo, si o si, afirmaron, la consecución de las autonomías departamentales, para ello organizaron los primeros “Cabildos Autonómicos” y conformaron lo que se llamó la “media luna” autonomista que incluía supuestamente a los departamentos de Pando, Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca.
A mediados del 2006, luego de la inédita victoria de Evo Morales en las elecciones presidenciales de diciembre de 2005, en este escenario de creciente conflicto, se inauguró la Asamblea Constituyente. En Cochabamba, se evidenció la pugna de poder entre los concejales del Movimiento Al Socialismo (MAS), y el opositor prefecto cochabambino Manfred Reyes Villa. La prefectura cochabambina se unió a la ola de exigencias de Comités Cívicos hacia el gobierno, sobre una “distribución equitativa” de los recursos hidrocarburíferos a todas las provincias.
A la par del proceso de elección de constituyentes y prefectos, los cívicos realizaron referéndums autonómicos en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, que fueron considerados por el gobierno nacional, ilegales. En la elección de constituyentes, el MAS ganó en Cochabamba con el 64.8%, ( 335.439 de votos); sin embargo, en la elección de prefectos Manfred Reyes Villa, obtuvo el 47.64% (246.417 votos). Hubo pues un voto cruzado entre asambleístas oficialistas y el principal opositor del gobierno central, tensando la disputa por el poder. Finalmente, en el referéndum ganó en el departamento el rechazo absoluto a la autonomía departamental.
La victoria aplastante del MAS y el rechazo de la autonomía departamental, provocó la inconformidad de la oposición, que si antes exigió mayoría absoluta como forma de aprobación del texto constitucional al interior de la Asamblea Constituyente, luego reclamaba dos tercios de votos, acrecentando los conflictos entre el oficialismo y la oposición.
El estallido:
A lo anterior, se debe agregar la voz inconsciente de la estupidez. El 14 de diciembre de 2006, el Prefecto cochabambino Manfred Reyes Villa, convocó a un cabildo a las 3 de la tarde, en la Plaza de las Banderas, en el que abiertamente apoyó a la oposición pro autonomista, a la lucha por los dos tercios en la Asamblea Legislativa y propuso recolectar firmas para un nuevo referéndum por la autonomía en Cochabamba.
Dicho Cabildo también dio lugar a la conformación de la “Juventud Kochala”, grupo de choque del movimiento autonómico, integrado principalmente por “Los gurkas”, hinchada de un equipo local de futbol.
Estas decisiones de Reyes Villa, desconocían al 62% de cochabambinos que rechazaron la autonomía departamental en el referéndum. En lo que quisieron hacer pasar como un simple “lapsus”, al finalizar su discurso ese día, Reyes, gritó “viva la independencia de Santa Cruz”, en lugar de “viva la autonomía”. Esto provocó la inmediata reacción de las organizaciones sociales quienes interpretaron como un llamado separatista y un desconocimiento de la decisión soberana del pueblo contra la propuesta gamonal autonómica.
En respuesta, el 19 de diciembre, organizaciones sociales convocaron a una Asamblea Popular en la Plaza 14 de septiembre, que reunió a miles de personas quienes rechazaron las autonomías y exigieron la renuncia del prefecto. Un policía vestido de civil infiltrado en el cabildo, activó una granada de gas lacrimógeno e incitó el primer enfrentamiento.
En consecuencia, el 20 de diciembre, la Central Obrera Departamental (COD), después de una asamblea interna, determinó convocar a un nuevo cabildo para el 4 de enero a las tres de la tarde, decidió sumarse a la vigilia permanente iniciada por la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba y suspender las medidas de presión debido a proximidad de las fiestas navideñas.
El jueves 4 de enero de 2007, en el Cabildo convocado por la COD se creó un nuevo Comité Cívico Popular, desconociendo la legitimidad de las autoridades cívicas pro autonomistas, también se propuso un Referéndum Revocatorio para el prefecto y se reinició la vigilia permanente en puertas de la prefectura. Para esta acción pacífica se movilizaron a la ciudad personas del campo, principalmente personas mayores, mujeres, niños y ancianos.
Ante la persistente negativa de Reyes Villa a renunciar, el 8 de enero, los sindicatos campesinos de las provincias cochabambinas iniciaron el bloqueo de las principales carreteras departamentales.
En la plaza principal, al promediar el medio día se inició un nuevo enfrentamiento entre manifestantes y policías los cuales se replegaron por órdenes superiores. Como resultado de cinco horas de escaramuzas ardió parte del edificio de la prefectura, se quemaron 2 autos y se contabilizaron 31 heridos, (diez manifestantes, once policías y diez periodistas).
– Pueden bloquear, hacer vigilia un año o dos, yo no voy a renunciar– les contestó Reyes Villa a las organizaciones campesinas movilizadas.
El martes 9 de enero, se inició un intento de dialogo con el Viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic y las partes en conflicto, mientras se reforzaban las movilizaciones con la llegada de 2000 campesinos y el corte del 40% del suministro de agua a la ciudad.
Mientras, el Comité Cívico de Cochabamba pro autonómico convocó a una “Marcha por la Paz” para el miércoles por la tarde que partiría desde la Plaza de las Banderas. Sin embargo, ese miércoles 10 de enero, las organizaciones sociales se anticiparon y se desplazaron al lugar de concentración de la marcha cívica.
Ante esto, el Comité Cívico suspendió el cabildo convocado para ese día en la Plaza de las Banderas, para “evitar enfrentamientos” entre los cívicos y las organizaciones que exigían la renuncia del prefecto. Ese día, la Juventud Kochala lanzó un ultimátum a los campesinos para dejar la ciudad hasta el mediodía del jueves. “Sino mañana arderá París”, manifestó un cívico en la plazuela Quintanilla. No podían tolerar un día más que los campesinos “invadan” y “ensucien” las plazas y jardines de su ciudad.
Todo estalló en la tarde del 11 de enero. Los grupos de campesinos se hallaban en vigilia y eran “resguardados” por un grupo policial. Cerca se inició la “Marcha por la Paz” del movimiento autonomista, la cual a medida que avanzaba hacia la vigilia campesina, se convirtió en escenario de una violencia sin precedentes en Bolivia. La Ministra de Gobierno de entonces, Alicia Muñoz, prohibió al comando policial el uso de agentes químicos.
La multitudinaria marcha conformada sobre todo por personas de clase media, rompió el débil cerco de policías y avanzó hacia la Plaza principal empuñando palos, cadenas, tubos metálicos, pistolas, gases lacrimógenos, toritos, dinamitas, piedras, escudos, bates de beisbol envueltos con alambres de púas; todo este armamento fue empleado para castigar a los indios, campesinos que encontraron en el camino, incluyendo a mujeres, niños y ancianos. “¡[Los autonomistas] están rompiendo el cerco de la policía!” narraba un periodista radial para todo el país esos momentos, mientras se revelaba un racismo intenso que todos veían pero nadie quería enunciar abiertamente como hasta ese jueves.
Las escenas que vivimos en las calles del centro de la ciudad eran muy violentas, mujeres indígenas, ancianxs, jóvenes campesinxs o vecinos que no estaban participando en las protestas, fueron identificados por los agresores como indios y campesinos por sus facciones y color de piel, luego insultadxs de forma racista, perseguidxs y golpeadxs con brutalidad con cadenas o bates de béisbol. Varias mujeres y ancianos quedaron desmayadxs y ensangrentadxs en el piso, producto de los golpes. Algunos policías intentaban sacar de la batalla a lxs heridos pero no hicieron nada más. Allí se escucharon los primeros disparos de arma de fuego, es así que frente a la Plaza de las Banderas, cayó el primer asesinado de esa jornada: Juan Tica Colque Machaca, campesino de 34 años, quien tenía un impacto de bala en el costado derecho. Momentos más tarde de esta muerte, con la furia desbordando por todas las avenidas y bocacalles céntricas, también perdió la vida Cristian Urresti Ferrel, de 17 años, miembro de la Juventud Kochala, cerca del centro de la ciudad, por traumatismo encéfalo craneal.
Según, Pamela Ledezma, de la Asamblea de Derechos Humanos de Cochabamba, se registraron 450 víctimas que aún viven con secuelas físicas y emocionales. “Al menos 400 son víctimas de armas contundentes, 36 personas fueron apuñaladas o con heridas profundas, 11 heridos de bala y tres víctimas fatales”, afirma.
Además, es importante recordar la actitud inquisidora, de los doctores y enfermeras, de muchos hospitales que se negaron a atender a los campesinos heridos, “quién te manda a bloquear, te deberías quedar en tu pueblo”, les decían, según varios testimonios de los heridos. Sin embargo, es justo mencionar a los estudiantes de medicina y enfermería que salieron a brindar primeros auxilios en la zona de El Prado.
Ante la gravedad de los hechos, las organizaciones sociales, totalmente indignadas, convocaron a una movilización desde los cuatro puntos de la ciudad para el día siguiente, la cual concluiría en un Cabildo en la Plaza Principal de la ciudad, donde se determinaría la respuesta al racismo y a la violencia ejercida por quienes asumieron la ciudadanía como un hecho de color de piel y cualidad y no como un derecho.
Muchxs quedaron con sentimientos entremezclados entre miedo, ira y rencor, difíciles de describir con palabras sin sentir un dolor profundo.
La respuesta popular campesina y la decisión de repliegue
El día viernes 12 de enero, temprano por la mañana, Reyes Villa dejó sin efecto el Referéndum Autonómico. Aun así, la convocatoria de las organizaciones sociales fue masiva. Rebasando las convocatorias de los sindicatos, llegaron camiones repletos de jóvenes procedentes del campo dispuestos al enfrentamiento, los ánimos estaban muy caldeados, la indignación era enorme. Era la respuesta de base de las áreas rurales y de las villas más empobrecidas de la ciudad de Cochabamba a las palizas racistas del día anterior. Durante el recorrido se armaron de palos envueltos en alambres de púas.
En el cabildo popular, los movimientos de base de las organizaciones sociales manifestaron propuestas de acciones concretas, sin embargo la dirigencia de la Central Obrera Departamental, en parte obedeciendo a decisiones del gobierno central a la cabeza del MAS, unilateralmente determinó levantar los bloqueos de caminos. La decisión se la tomó en la sede de gobierno, La Paz, y a la dirigencia cooptada no le quedó otra que acatar la orden, aunque eso significó hacer caso omiso de la voluntad colectiva.
En medio del desconcierto provocado por la determinación de repliegue, incluso para la lectura pública de las determinaciones del cabildo, los dirigentes le tuvieron que pedir al responsable de los equipos de sonido contratado para el Cabildo, que lea el llamado a la desmovilización. El pleno de las bases reunidas respondieron con petardos (cohetones) dirigidos a las ventanas de la COD hasta que salió un dirigente a transmitir la decisión gubernamental.
Pese a eso, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, (FSUTCC), decidió mantener la vigilia en la plaza de armas. El cabildo, la asamblea, como forma de organización popular es producto de las jornadas de la Guerra del agua y muchas otras resistencias. La dirigencia de la Central Obrera Departamental obedeciendo a las altas esferas de gobierno jugó con las formas de hacer política desde abajo, pero principalmente jugó con el sentir y la indignación de la gente.
El 13 de enero, Manfred Reyes Villa, pedía garantías para volver a la ciudad de Cochabamba y el Presidente Evo Morales respondió que, “cuando el pueblo reacciona, reacciona”. Después de varios días, el martes 17 de enero, en un nuevo cabildo convocado por los movimientos sociales en la Plaza Principal, por órdenes superiores se determinó la desmovilización de la FSUTCC. Mientras otros sectores decidieron destituir a Reyes Villa y elegir, sin posterior éxito ni aceptación, a un nuevo prefecto que fue trasladado en hombros.
Luciano Colque campesino gravemente herido con un trauma encefálico en los ataques de ese día, falleció el 25 de febrero a los 48 años, tras un mes de cuidados intensivos que trataron de salvarle la vida luego de la paliza que le habían propinado el 11 de enero.
A ocho años del 11 de enero, Alex Rosales tiene una sentencia de 14 años por la muerte de Juan Ticacolque. Las muertes de Luciano Colque y Cristian Urresti no tienen investigaciones. Mamfred Reyes Villa, luego de cumplir su tiempo de mandato en la prefectura, está fuera del país y hasta planeaba su regreso a la escena política boliviana.
Diversos racismos y lo que queda
Lo comunitario, lo indígena, lo indio, han sido el desafío y eterno “`problema del estado boliviano en ese sentido, representan también una raíz profunda de las relaciones coloniales racistas y clasistas de la sociedad boliviana. El racismo profundo y capilar, es el desprecio al color de la piel oscura, pero también la reproducción centenaria de un sistema estatal que desconoce, aplasta y destruye otras formas de organización comunitarias. Cochabamba fue solo un inicio nefasto de la violencia que luego se desplegaría en todos los departamentos del país hasta el 2008.
Es entonces que si después de 8 años, el MAS tiene en sus filas a gente que había perseguido con bates de béisbol a indígenas y “collas”, y se preparan leyes que favorecen ampliamente a los mayores intereses agro industriales; del lado popular, indígena hemos recordado como bases la lucha de enero de 2007, que el partido de gobierno ordenó replegar. Así como hemos visto y vivido la represión gubernamental a la Octava Marcha Indígena en septiembre de 2011. Pasado todo este tiempo de conflicto también confirmamos que el Estado es un instrumento de clase para defender los intereses de los gobernantes. Por eso estas jornadas nos recuerdan que ningún gobernante solucionará los problemas reales de la gente sencilla y trabajadora.
Porque el racismo institucional y desde sus muy diversas expresiones, pequeñas y grandes, no ha desaparecido, se encarna nuevamente en agresiones de estado territoriales a comunidades indígenas, a nombre del “progreso”; en la utilización y el paternalismo de partidos opositores y del partido de gobierno -que quiere llevar ropa y zapatos, símbolos de “civilización”-, hacia las comunidades indígenas. También es evidente la palabra “salvajes” transformada en epíteto, que lanzó un dirigente campesino contra los indígenas de tierras bajas; así como que continúa el racismo hacia lo “colla”, -lo indígena de “occidente”-, y que los hacendados siguen agrediendo territorio indígena como sucede en el Territorio Indígena Multiétnico I en el departamento del Beni.
El racismo pues no se aplasta con leyes, es un problema de relaciones sociales cuya discusión se resuelve desde comunidades y personas de base, se enfrenta con la mente fría, la mirada en alto y el corazón ardiente. Es urgente volver a creer en nosotros, en nuestra capacidad de hacer política desde abajo sin la intromisión de ningún dirigente o partido, y de retomar la posibilidad de enlazar las luchas del campo y la ciudad, de tejer otras relaciones desde experiencias de lucha que hemos tenido. Después de más de 500 años, la resistencia al colonialismo racista y homogenizante que esta vez proviene de más frentes, continúa.
VIDEO “ENERO NEGRO” (Fotos Chaski Clandestinx)
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FANZINE DE LA RED DE COLECTIVOS APU TUNARI, PARTE DE LA QUE FUE “COORDINADORA DE JUVENTUDES ANTIFASCISTAS DE COCHABAMBA”
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